04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

También con los geriátricos

El ex interventor del PAMI Víctor Alderete fue procesado por más irregularidades en la conducción de la obra social de los jubilados. Esta vez es por la tercerización del gerenciamiento de los geriátricos que prestaban servicios a la obra social. También procesaron a funcionarios del Banco Río.

 
Otra más para Víctor Alderete y van... Ahora fue el juez Claudio Bonadío quien lo procesó junto a buena parte del directorio del PAMI y de una federación de geriátricos por “administración fraudulenta” en la contratación de esos establecimientos para afiliados a la obra social.

Además del procesamiento por administración fraudulenta, fue embargado en casi nueve millones de pesos uno de los embargos más altos desde que comenzó a sumar causas en la justicia federal.

La resolución de Bonadío objeta el convenio que el PAMI suscribió con la Federación de Geriátricos Argentinos (FEGERA) mediante el cual la institución privada se comprometió a entregar 10.700 camas para ancianos a cambio de 10 millones de pesos al año.

Por este convenio, la obra social de los jubilados dejó de contratar los servicio de geriátricos en forma directa y comenzó a exigir a los responsables de los mismos que se inscribieran en FEGERA, incluso para cobrar facturas pendientes.

En la misma resolución, Bonadío procesó a nueve ex integrantes del directorio del PAMI: Domingo Petrecca, Santiago Tomaghelli, Eduardo Polemann, Reinaldo Hermoso, Dira Terrón, María Antonieta Maina de González, Martín Apicella, Elpidio González y Juan Poncio Rasero. A cada uno se los embargó por 990.000 pesos.

También resultaron procesados cuatro integrantes de FEGERA: Humberto Contemys, Juan Carlos Silvetti y Eduardo Guido, con embargos de 3.350.000 pesos cada uno.

En la resolución se explica que la presunta maniobra de defraudación se completaba con la compra en cuotapartes de fondos de inversión del Banco Río con documentación presuntamente adulterada, que habría servido para desviar el dinero negro del millonario contrato.

Así, los procesamiento llegaron también a cuatro empleados de la entidad financiera: Daniel Marcelo Ruiz, Eduardo César Monti, Fernando Tremonty y Ariel Díaz, a quienes se embargo, en cada caso, por 450.000 pesos.

En el año 2000, la Cámara Federal había revocado el procesamiento de Alderete y dictó la falta de mérito de todos los imputados, por considerar que no había pruebas suficientes para acusarlos, y ordenó una serie de medidas para ahondar la pesquisa.

Bonadio efectuó entonces una serie de pericias y allanamientos en varios geriátricos, tras lo cual concluyó que había pruebas suficientes para procesar a los involucrados.



dju / dju
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