En estas circunstancias opinó el máximo tribunal que un policía puede inferir razonablemente que se trata de una “empresa común” entre el conductor y los pasajeros.
De esta manera, se revocó la decisión del alto tribunal de Maryland, que había desechado la condena de uno de los pasajeros del vehículo involucrado en el caso, Joseph Jermaine Pringle, entendiendo que el arresto violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe que las autoridades efectúen requisas o incauten algo sin tener razón suficiente.
La causa se abrió en 1999 a raíz de un incidente en el que la policía de los suburbios de Baltimore detuvo un automóvil que se desplazaba a alta velocidad, y tras ser requisado por los efectivos se encontró un rollo de billetes en la guantera y cocaína en el respaldo del asiento de atrás, por lo que los tres ocupantes fueron detenidos a pesar que el conductor y los dos pasajeros negaron su vinculación con el presunto contrabando.
El presidente de la Suprema Corte, William H. Rehnquist, argumentó al respecto y en nombre de sus colegas que “la policía tenía causa probable de sospechar que las drogas pertenecían a cualquiera de ellos o a los tres”.
Esta resolución motivó opiniones contrarias de letrados quienes ven en la decisión del tribunal una advertencia que parecería estar diciendo “mira bien con quién te juntas”.
Pero uno de los ocupantes del vehículo contó luego a la policía que las drogas eran de él y que había planeado intercambiarlas por favores sexuales o por dinero en una fiesta.
Al respecto, uno de los magistrados opinó que “el intento de Pringle de caracterizar el caso como uno de culpabilidad por asociación no es válido” por lo que se le volverá a imponer la sentencia de 10 años de prisión que se le dio originalmente.