La Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de la acordada 40/2003 se sumó a la medida dispuesta por el poder ejecutivo y declaró inhábiles los días 24, 26, 31 de diciembre de 2003 y 2 de enero de 2004, para los tribunales nacionales y federales con asiento en la capital e interior del país. La decisión contó con las firmas de los jueces Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano. En tanto, Adolfo Vázquez votó en disidencia al considerar que se debía declarar asueto a partir de las 12.00 los días 24 y 31 de diciembre.
Prórroga
Por medio del decreto 1293/2003 el Poder Ejecutivo prorrogó por un año mas y hasta el 10 de diciembre de 2004, la suspensión de la aplicación del inciso 5º del artículo 94 y del artículo 206 de la Ley Nº 19.550 que prevén la disolución por pérdida o reducción del Capital Social. De este modo se prorroga la suspensión impuesta por el decreto 1269 de fecha 16 de julio de 2002. La norma se dictó a fin de acompañar con medidas apropiadas el proceso de recuperación de la economía nacional, según se lee en los considerandos por lo que renueva vigencia la necesaria tutela de la preservación y subsistencia de las empresas. (Texto al final)
Fallos luminosos
Así lo expresó el presidente saliente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fayt, tras cumplir dos décadas como integrante del máximo tribunal, tarea que estimó que será reconocida “algún día, cuando se escriba la historia de esta época”, porque “la gente lo ignora, y está bien porque no tiene por qué conocerlo". En este sentido, el ministro recordó algunas de las decisiones de la Corte de los últimos 20 años de democracia, entre los que destacó “fallos sumamente importantes”, como la confirmación de las condenas a los ex comandantes de la dictadura, divorcio vincular y la doctrina de la “real malicia”, que protege la libertad de prensa.
Sommaruga seguirá en la carcel
La Sala II de la Cámara Federal confirmó que Alberto Sommaruga, procesado por el secuestro extorsivo del joven Ariel Strajman (un caso resonante porque fue la primera vez que se le amputó un dedo a la víctima como “prueba de vida”) debe seguir cumpliendo prisión preventiva en la unidad penal de Marcos Paz. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi concluyeron que el procesado, “conocía las restricciones” de la prisión domiciliaria y “violó los límites impuestos”, al salir a hacer las compras y buscar a su nieta a la escuela. Sommaruga está procesado junto a sus dos hijos.