De hecho, una parte de ese trabajo lo está haciendo desde ayer un grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia, que comenzó a revisar las cintas de video de las cámaras fijas instaladas en la Plaza de Mayo para chequear si quedaron grabadas imágenes de las personas que colocaron el artefacto (casero, pero no sencillo de armar) que detonó dentro de un tacho de basura cuando la plaza estaba colmada.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, dijo que las cintas “están a resguardo para ser entregadas a la Justicia”, pero adelantó que sus empleados aún no encontraron nada.
Por su parte, Oyarbide dedicó los dos días de la semana corta pre-Navidad a pedir en varias radios y canales de televisión que cualquier testigo que pueda aportar datos se acerque al juzgado y el fiscal Patricio Evers le pidió que ordene a los canales de televisión remitir copias de sus propias filmaciones de la cobertura que duró todo el día sábado en la histórica plaza.
Oyarbide adelantó además que continuará la investigación durante la feria de enero, en la que deberá además subrogar a varios magistrados federales que se toman vacaciones durante el receso judicial, confirmaron fuentes del tercer piso de los Tribunales Federales.
Por otro lado, la División Explosivos de la Policía Federal ya remitió al juez su pericia sobre el artefacto, en la que se determinó que se trató de una bomba casera con un dispositivo de tiempo para hacerla detonar, prácticamente el mismo dictamen de los peritos del Ejército, que ya habían entregado su informe el lunes.
Así, no hay dudas que la explosión no fue un accidente con elementos de pirotecnia, como se dijo en un primer momento y que fue un hecho planeado. Esa es la única certeza, mientras los heridos más comprometidos se recuperan favorablemente en hospitales de la Capital, la gran duda es de quién fue la mano negra. Sobre eso, todavía no hay nada.