04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Una cooperativa con fines particulares

El juez federal Juan José Galeano procesó a 19 deudores del Banco Integrado Departamental de Santa Fe por constituir junto con directivos de la entidad una “asociación ilícita” para vaciar la cooperativa.

 
Siempre se dice que las coimas tienen una pata pública (o institucional) y otra privada. Lo mismo pasa con los vaciamientos de empresas y bancos, pero pocas veces se avanza en sanciones a los privados.

DiarioJudicial.Com pudo conocer en exclusiva que el juez Juan José Galeano procesó a 19 deudores del Banco Integrado Departamental (BID) de la provincia de Santa Fe, por participar junto a los directivos de la entidad cooperativa del vaciamiento de la entidad.

Los procesamientos son por “asociación ilícita” y “defraudación por administración fraudulenta” y alcanzaron a Jorge Canavessi, Carlos Borillo y Carlos Ariotti, a quienes se les impusieron embargos entre 11 y 9 millones de pesos.

También se concretó el procesamiento por “defraudación por administración fraudulenta” como partícipes necesarios de otros deudores de la entidad. Son Raúl Corbari, Ricardo Nicolino, Armando Calderone, Juan Carlos Filipetti, Fernando Toneguzzo, Mariela Bueno, Jorge Galdich, Oscar Pieroni, María Cristina Cechini, Jorge Antonio Cuchietti, Luis Negruchi, Néstor Hernández, Rubén Dacatra, Raúl Sandoval y Hugo Ballestre.

Para todos, los embargos se fijaron en sumas millonarias, acordes con el dinero que la desaparecida entidad cooperativa les prestó y no devolvieron, como parte de la maniobra fraudulenta, tal como concluyó el juez.

Fuentes judiciales explicaron que el BID “era uno de los más importantes en el interior del país por la gran cantidad de sucursales que poseía y el fomento a la actividad agropecuaria que realizaba en cada zona”.

Enseguida, explicaron que “los responsables del BID abusaron del sistema establecido para el otorgamiento de créditos a la actividad y lo utilizaron para fugar el dinero” de la entidad.

En la pesquisa judicial se estableció que los responsables de la entidad fijaban en un número pequeño de deudores casi toda su cartera crediticia, a la que calificaban como de riesgo “normal”, cuando luego un estudio del Banco Central los calificó como de “alto riesgo de insolvencia”, con la calificación de cuatro.

Las fuentes remarcaron además que se comprobó la “creación de empresas de las que se comprobó nula actividad con posterioridad al cobro de los créditos”. Entre otras, en la resolución de procesamiento se nombra a Vetu S.A., Corco S.A., Borde Agrícola S.A., Rúa Nueva, Ital S.A., Cascar S.A., Creative S.A., Chester S.A., El Rodeo S.A., El Nihuil S.A., Lvakim S.A. y Pombal S.A., todas de la provincia de Santa Fe.

En la causa ya estaban procesados con confirmación de la Cámara Federal el gerente general Roberto Venancio Cataldi y el presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Camilo Arduino entre otros, por los delitos de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”.



dju / dju
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