La rebaja de sueldos solicitada al Poder Judicial por el gobernador de la provincia de Mendoza Roberto Iglesias causó un fuerte impacto, fundamentalmente sobre magistrados y funcionarios de la justicia mendocina. El primer mandatario provincial anunció una poda del 10 por ciento en los haberes de los funcionarios recayendo también esa medida sobre empleados judiciales con menor jerarquía.
Los integrantes de la Corte redactaron una acordada donde sólo modificaban sus salarios el 10% y anunciaron que los empleados judiciales trabajarán una hora más.
Fuentes cercanas al Máximo Tribunal indicaron que desde el gobierno se estaría buscando una estrategia legal para limitar la intangibilidad de los sueldos de los magistrados e imponerles la poda de sus sueldos. Ello consistiría en aplicar las rebajas bajo el argumento de que la intangibilidad de los salarios de los magistrados no corre cuando, como en este caso, las reducciones se aplican a todos los empleados de la administración pública y no están centradas solamente en los jueces.
Para los jueces, modificar la intangibilidad es un tema que deberán decidir ellos mismos. De esta manera descartaron de plano la merma de 20% que había sugerido el gobernador Iglesias y la invitación que les giró la Suprema Corte de Justicia, cuyos ministros ya se rebajaron un 10 por ciento en un gesto de acompañamiento a las medidas dispuestas por el gobernador.
El malestar de los jueces mendocinos se incrementó además porque el Poder Ejecutivo dejó sentado que si los jueces no se aplican el recorte del 20 por ciento, el descuento recaerá sobre los empleados estatales.
“Se desconoce la independencia de los poderes” manifestaron funcionarios y empleados. “Todo esto porque tenemos una Corte obsecuente” sentenciaron.
Al debate por la afectación de la intangibilidad se suma además el incremento de una hora más de trabajo, situación que será planteada en una asamblea convocada por dirigentes judiciales.
La acordada 17.160 de la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia les impuso marcar el horario de entrada y salida que regirá a partir del 1 de agosto. En esta medida se encuentran incluso secretarios de la Corte, prosecretarios, secretarios de Cámaras del Crimen, de los juzgados de Instrucción e inspectores judiciales, quienes a partir de esa fecha trabajarán hasta las 14.30.
Corrientes
También el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes decidió reducir los haberes de sus cuatro ministros y los del fiscal General de la provincia, a partir del 1 de agosto, en solidaridad con el ajuste que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
La medida alcanza a los integrantes de la Corte Alberto Marcos Zapiola (Presidente), Ana María Carega, Juan Antonio Lanza Castelli y Félix Aostri, y al fiscal general Luis Alberto Sayavedra.
Los magistrados acordaron "que se instrumenten los descuentos pertinentes del impuesto a las ganancias en las planillas de haberes de los cuatro ministros y del fiscal general, a partir del 1 de agosto". También indicaron que la medida responde a "la iniciativa política y legislativa del Poder Ejecutivo Nacional de reducir el déficit a niveles de absoluto equilibrio, y posibilitar la salida a la recesión que a todos nos aqueja y alcanza".
Los considerandos del acuerdo establecen que la aplicación "no afecta" la independencia del Poder Judicial, "por tratarse el impuesto a las Ganancias de un tributo de carácter general, en respecto del principio de igualdad ante la ley en orden a una distribución equitativa en las cargas tributarias de todos los ciudadanos".
"La naturaleza del tributo de que se trata (por su generalidad) no menoscaba la dignidad de la función, ni afecta la división de poderes, que es la esencia del estado de derecho" agregaron.
Neuquen
Por otra parte según la juez federal por la provincia del Neuquen Margarita Argüelles, en esa provincia sureña “no se ha hablado de ningún recorte que pueda afectar la intangibilidad de los haberes de los jueces”. En ese sentido el gobernador neuquino Jorge Sobisch parece administrar los fondos de la provincia muy bien, “es un empresario” recordó la juez. “El gobernador Sobisch fue el primero en aprobar el ajuste a nivel nacional y en aceptar el pago de la deuda que tiene la Nación con las provincias en bonos”.
“El ajuste en esta provincia no se ha recepcionado por parte del Máximo Tribunal de Justicia ni a nivel administrativo, pero de llegarse a implementar una poda en los salarios de funcionarios judiciales, los jueces no lo van a aceptar” manifestó Argüelles a Diariojudicial.com .
Río Negro
En tanto en la vecina provincia de Río Negro, el Poder Ejecutivo provincial invitó al Poder Judicial a realizar el ajuste. El gobierno provincial está en tratativas con el Poder Judicial para que magistrados y funcionarios renuncien al aguinaldo, lo que implicaría una reducción del 13 por ciento en el presupuesto. En tanto la propuesta no recayó sobre empleados a quienes el año pasado ya les habían recortado los sueldos.
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Consultado por la problemática que se vive en los poderes judiciales de las provincias, el vicepresidente segundo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral manifestó en diálogo con Diariojudicial.com que “la intangibilidad es una cláusula constitucional” y que “es privativo de cada magistrado reducirse el sueldo. La Suprema Corte provincial como cabeza de poder puede invitar a los magistrados a bajarse los sueldos pero no se los puede obligar”. Para el funcionario, la intangibilidad es un beneficio, un privilegio que sirve de garantía e independencia de los magistrados.
Asimismo Cabral, advirtió que se deberá evaluar en torno al posible planteo en la justicia a nivel nacional con respecto a las reducciones saláriales, al tiempo que señaló que la única forma de modificar la intangibilidad es reformando la Constitución Nacional. A su vez, el magistrado mostró preocupación por el presupuesto del Poder Judicial, principalmente por el mes de septiembre. El Ministerio de Economía va girando la partida presupuestaria a la Justicia correspondiente a cada bimestre. “Si ahora hay ajustes, el problema va a ser en septiembre”, mes en el que Economía debería girar una partida de 11.700.000 pesos.
En ese sentido hay un proyecto para hacer reducciones a otros beneficios de los que gozan los magistrados para no tener la necesidad de recortar el presupuesto, como ser los gastos de los teléfonos celulares; los vales de nafta y los contratos de la Justicia.