El proyecto se encuentra en estudio en las comisiones de Obras Públicas, Defensa al Consumidor y Peticiones de Poderes de Reglamento. El legislador señaló además que seguirá detrás del proyecto hasta que se trate en la Comisión de Obras Públicas en donde se encuentra a la espera de la firma de los miembros.
La Comisión Investigadora tendrá facultades para hacer un seguimiento de las “irregularidades en la facturación de los servicios públicos privatizados como agua, gas, electricidad y teléfonos por la incorrecta aplicación de las reducciones impositivas obtenidas por las empresas y su correspondiente traslado a las tarifas”. Además tendrá “todas las atribuciones necesarias para cumplir con los objetivos de la investigación, debiendo elevar a los 90 días un informe a la Cámara de Diputados de la Nación sobre las tareas realizadas”.
El cuerpo podrá “recabar la comparencia de funcionarios de los poderes públicos del Estado Nacional, de los Estados provinciales, municipales, y de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires”, como así también “citar a representantes de entidades privadas, nacionales o internacionales, y personas físicas en forma particular” y “verificar personalmente instrumentos en organismos públicos y privados, cualquiera sea su jurisdicción, como así también recabar información escrita de los mismos”.
Según reza el proyecto “en los marcos regulatorios de los servicios públicos prestados por empresas privadas, se estableció la figura de “neutralidad tributaria”, que consiste en que todo incremento o reducción en las cargas impositivas que afecten a las empresas debe ser trasladado a las tarifas que pagan los usuarios”. Además, “el Pacto Fiscal Federal del año 1993 incluyó en la figura de neutralidad tributaria a las empresas proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos como por ejemplo el de combustibles”.
“Sin embargo como es de público conocimiento, y corroborado por el propio Estado Nacional a través del INDEC, así como estudios realizados por diversas instituciones privadas, entre ellas la Unión Industrial Argentina y el FLACSO, todos los servicios públicos han sufrido aumentos, sin que se tenga conocimiento respecto de que las empresas prestatarias de servicios públicos hayan aplicado a las tarifas, las señaladas rebajas en sus costos”.
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