La causa por la construcción de un centro comercial en un establecimiento educativo fue considerada en su momento como uno de los casos emblemáticos de la corrupción política de fines de los años ochenta, e implicó la caída política de Grosso y el puntapié inicial para la disolución del Concejo Deliberante porteño, que autorizó de manera irregular la obra.
Grosso había sido indagado cuando la causa se tramitaba en el fuero ordinario, en el marco del "viejo" Código de Procedimientos en Materia Penal y ese trámite implicaba su automático procesamiento. La solicitud del fiscal "no persigue (fundamentalmente) una medida restrictiva de la libertad sino que se regularice, de una buena vez por todas, esta causa que ya lleva años de sustanciación", según advirtieron fuentes cercanas al trámite del expediente. Grosso está imputado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Tras su paso por diferentes fueros y planteos de incompetencia, la causa llegó hace poco tiempo a la justicia federal, y actualmente se encuentra en manos del juez federal Gabriel Cavallo, quien tiene a su cargo el juzgado cuya titularidad ocupó hasta enero de este año Carlos Liporaci.
El juez Cavallo había rechazado hace dos semanas un planteo similar por parte de Comparatore, quien entonces interpuso un recurso de reposición con "apelación en subsidio", abriendo así la posibilidad que el magistrado vuelva a expedirse.
También quiere que se tome declaración indagatoria a Daniel Szeimbaun y un grupo de ex integrantes del disuelto Concejo Deliberante que habían aprobado una ordenanza por la cual fue autorizada la construcción de locales en el predio de la esquina de Bartolomé Mitre y Pueyrredón.
La acción penal contra los ex concejales podría estar prescripta ya que nunca fueron indagados y no existió ningún pronunciamiento en su contra, lo que no sucede con Grosso y Salem cuya indagatoria obró como "secuela del juicio".