También fue procesado el titular de esa secretaría, el periodista Jorge Castro, junto al subsecretario de Asuntos Institucionales de esa dependencia, Pascual Albanese y al asesor Fernando Longo, entre otros, todos por el delito de “defraudación por administración fraudulenta”.
La medida, contenida en una resolución de 39 carillas a la que tuvo acceso Diariojudicial.com, fue dictada por Urso el 30 de diciembre último. Allí se concluye que la jefatura de Gabinete contrató a la firma CyM Group para imprimir los libros.
La empresa facturó y la jefatura de Gabinete pagó 34.080 pesos por 12.000 ejemplares, aunque, dice el escrito “los libros impresos fueron 3.000” por “un valor real de 6.150 pesos”.
La contratación de la firma CyM Group, a la que se encomendó la tarea, se efectuó en forma directa y en noviembre de 1999, pocos días antes del final del gobierno de Carlos Menem, porque se argumentaron “razones de urgencia” por “circunstancias imprevistas” que no permitían esperar la licitación aunque “en ningún momento se justificó dicha urgencia ni tampoco se efectuaron solicitudes de ofertas de casas del ramo”, afirmó el juez Urso en su resolución.
“El modo implementado por los funcionarios intervinientes se alejó de toda normativa de aplicación, incurriéndose en graves irregularidades, en especial relacionadas con el precio pagado y la forma de contratación implementada” explicó el juez.
“Desde el Jefe del Gabinete de Ministros hasta los distintos funcionarios que intervinieron en los sucesos investigados, provocaron un desmedro en el patrimonio estatal porque permitieron, mediante sus respectivas participaciones, las contrataciones en circunstancias totalmente irregulares”, concluyó el juez.
La causa comenzó en setiembre del año 2000, por una denuncia del entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Jose Massoni.