Por su parte el alcalde carioca, Cesar Maia, solicitó una apelación a la medida afirmando que el dictamen del juez Silva “representa un desastre para el turismo en la ciudad, pues con la medida frenará la llegada de visitantes”.
Además, sometido a sus mismas medidas, el gobierno de Estados Unidos también se quejó de la supuesta lentitud de los nuevos controles de identidad aplicados por Brasil a los estadounidenses que entran al país.
Alegando esto, solicitó un cambio en el procedimiento y puso en duda si esto es resultado de una “reciprocidad” o “un castigo”, a la vez que consideró discriminatorias las nuevas regulaciones impuestas por el país que preside Luiz Inácio Lula da Silva para los ciudadanos estadounidenses que ingresen.
En este sentido, la embajada de Estados Unidos lamentó “la forma en la cual los nuevos procedimientos fueron iniciados repentinamente, discriminando a ciudadanos de EU con un tratamiento excepcional’’, en clara oposición a la decisión brasileña que entró en vigencia el 1 de enero, que exigen a los ciudadanos estadounidenses ser fotografiados y tomadas sus huellas.
A fines de 2003 el juez federal Julier Sebastiao da Silva decidió que todo ciudadano estadounidense que entrara en Brasil debía ser fichado, tomándosele las huellas dactilares y una fotografía, lo que provocó largas filas y esperas por mas de siete horas para que los visitantes de ese país fueran fichados en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro.