El magistrado, que reemplaza a su par Claudio Bonadío durante la feria de verano, “corrió vista” de la denuncia al fiscal Carlos Rívolo, quien deberá resolver si da impulso o no a la investigación debiendo certificar inicialmente si la desaparición de Irureta Goyena no fue motivo de investigación en otras causas penales, como el Plan Cóndor o la causa en que se analizó la existencia de un “plan sistemático” para el robo de menores durante la dictadura argentina.
Fuentes judiciales precisaron que si se corrobora que el caso de la nuera de Gelman ya fue investigado en otra causa, la denuncia del Gobierno podría ser absorbida por ese expediente, ya que no puede abrirse una causa nueva por hechos que son o fueron analizados en otra pesquisa.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó una querella criminal para que se investigue “el tramo de la detención” de Irureta Goya que se habría cometido en la Argentina, denuncia que incluye un pedido de declaración vía exhorto del presidente uruguayo Jorge Batlle y del senador Rafael Michellini, donde se fundamenta que los funcionarios orientales conocerían los nombres de los asesinos de la joven, así como la testimonial de militares y policías de ese país.
Irureta Goya fue secuestrada el 24 de agosto de 1976 por un grupo comando junto a su esposo Marcelo Gelman, y estuvo alojada en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, pero se sospecha que quien dio la orden de su traslado a Montevideo fue el capitán del Ejército uruguayo José Nino Gavazzo Pereira, donde se perdió su rastro una vez que dio a luz a su hija.