El gobernador bonaerense, Felipe Solá anticipó que a su regreso a la capital bonaerense convocará a las autoridades de minoridad para evaluar cambios en sistemas de detención de menores en conflicto con la ley penal, ante demandas surgidas de familiares de víctimas de delincuencia en Mar del Plata. En esa ciudad, el mandatario dio una conferencia de prensa donde señaló que los familiares le solicitaron “un centro de detención para menores peligrosos y uno de contención para aquellos que cometan hechos que tienen menor calificación”. En ese sentido dijo que en la semana entrante se reunirá "con la subsecretaria del Menor y tomaré decisiones, que comunicaré vía el intendente y los legisladores de la zona". Si bien se analiza el caso marplatense, el gobernador Solá impulsa que se estudie esta problemática a nivel provincial, solicitando al respecto que "se haga un trabajo para generar, si se puede, una red de contención de tipo privado en Mar del Plata. Si eso fracasara tendríamos que pensar en un centro o lugar, pero detener a un menor porque está abandonado por su familia o simplemente porque es pobre es complicado, no es lo mismo que detener un menor peligroso".
Entre San Juan y Mendoza
El juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo solicitó al gobernador de Mendoza, Julio César Cobos, que brinde pruebas e identifique responsables de las irregularidades que el titular del Ejecutivo aseguró que cometían autoridades de las provincias beneficiadas por el régimen de promoción industrial. En declaraciones periodísticas, Cobos disparó que la promoción industrial genera “venta de carpetas”, empleo “ficticio” y empresas “fantasmas”, redoblando la apuesta al añadir que los funcionarios de las provincias promovidas poseen “residencias, aviones y campos de golf”. Al pedirle explicaciones sobre sus dichos el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, su par mendocino explicó que se había referido autoridades riojanas, pero el fiscal de Estado de San Juan, Mario Díaz, presentó ante el juzgado federal una denuncia pidiendo que se investigara si las declaraciones atribuidas a Cobos eran ciertas, a la que hizo lugar el juez Rago Gallo. La polémica por la promoción industrial, que beneficia a Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, se agravó cuando a principios de 2004 se publicó el decreto 1.295/03, que dispone una virtual extensión del régimen y asigna mayor flexibilidad a los gobiernos provinciales para administrar sus alcances.
Otra vez a la sombra
El juez de Ejecución Penal Sergio Delgado finalmente revocó el beneficio del arresto domiciliario del que gozaba Arquímedes Puccio, jefe de un clan de secuestradores, quien de ese modo deberá cumplir su condena a reclusión perpetua alojado en una cárcel. Según fuentes de la fiscalía el magistrado tomó la medida a raíz de la batería de pruebas que el Ministerio Público presentó para demostrar que Puccio había violado el arresto domiciliario. Como principal prueba se aportó el relato de siete vecinos que vieron a Puccio salir de su casa para hacer los mandados y notas periodísticas. En la resolución del juez consta que en forma provisoria permanecerá alojado en la Unidad Carcelaria Número 18.
Cuestionan una candidatura
La candidatura de la actual secretaria penal del tribunal federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, para ocupar el cargo de magistrado en el flamante Juzgado Federal chaqueño de Sáenz Peña fue impugnada por un abogado que afirmó que la mujer habría ordenado un allanamiento supuestamente irregular en su domicilio. La impugnación fue presentada por el letrado Odilón Fernández, quien afirmó que la candidata llevó a cabo en su domicilio un operativo violando los pasos que marca la ley. El juzgado federal de Sáenz Peña fue creado por ley y tiene prevista su partida presupuestaria para ser puesto en funcionamiento y los candidatos a ocupar el cargo son Gustavo del Corazón Jesús de Fresneda, Beatriz Elena Torterola, Sergio Leonardo Rodríguez y Niremperger.