La avalancha de oposiciones –la mayoría provenía de una suerte de “formulario” al que sólo se le agregaban las firmas- contrastaba con un número mucho menor de avales individuales, 130, aunque en este caso el listado se engrosaba –a diferencia de los rechazos- con el aval de organizaciones sociales, académicas y del Derecho.
A horas del cierre el Ministerio de Justicia recibió opiniones favorables a la candidatura de Argibay de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y de la DAIA. Se trata de opiniones que fueron solicitadas por el ministerio, según se confirmó en la cartera de Justicia.
En cuanto a los avales individuales, se destacó el del sacerdote Antonio Puigjané, condenado por el copamiento de La Tablada de enero de 1999, en lo que constituyó el único aval vinculado a la Iglesia Católica, luego de las críticas de la cúpula eclesiástica a la posición de Argibay sobre el aborto.
En este lote se anotaron además, entre otros, la psicoanalista y escritora Eva Giberti, la jueza en lo correccional Ana Bulacio Núñez de Rúa y prácticamente todos los trabajadores del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a instituciones que voluntariamente sostuvieron la candidatura figuran entre otras la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la Asociación Mutual Mujeres de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y el Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales.
También avalaron a Argibay en la Corte los organismos defensores de los Derechos Humanos como los dos sectores de Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
En contra opinaron, en cambio, el partido Recrear de la Capital Federal. Esta agrupación es encabezada a nivel nacional por Ricardo López Murphy, quien envió también una carta de rechazo a nivel individual. También el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, mientras la asociación civil FORES envió un “apoyo crítico”.
FORES cuestionó en severos términos los mecanismos de selección establecidos por el decreto 222/03 firmado por el presidente Néstor Kirchner y sobre Argibay tomó distancia y en un comunicado indicó que “antes de tomar una posición definitiva” es “necesario que se amplíen y precisen sus opiniones en torno a algunos temas cruciales”, como “la Reforma Judicial en su conjunto y el aborto, tema en el cual sus declaraciones son de difícil interpretación jurídica”.