El Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra recibió desde casa de gobierno el ofrecimiento para acceder al cargo de juez del tribunal permanente del Mercosur de reciente creación y el cual se espera que entre pronto en funcionamiento. Fuentes consultadas al cierre de esta edición señalaron que Becerra dimitiría oficialmente el martes. El tribunal permanente del Mercosur que tendrá su sede en Asunción estará integrado por 4 magistrados –uno por cada país miembro- que ocuparán sus cargos de manera permanente al que se le suma un quinto juez que irá rotando entre las naciones integrantes. El tribunal creado tendrá competencia para entender en litigios entre estados partes como así también en los que un estado parte mantenga con un tercero.
Regularizar
Por medio del decreto 164/2004 el Poder Ejecutivo estableció que los trabajadores autónomos incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones podrán regularizar la deuda que mantengan por aportes devengados hasta el 30 de septiembre de 1993 mediante el régimen previsto en el Capítulo II de la Ley Nº 24.476 posibilidad que según lo prescribe el art. 1 del decreto tendrá carácter permanente. (texto completo al final)
Análisis
La comisión de Juicio Político de la Cámara baja decidió analizar la causa por la denuncia promovida contra el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, por una transferencia bancaria, en tanto que además declaró la admisibilidad de otra causa contra el ministro del tribunal Adolfo Vázquez. En cuanto al pedido de juicio político a Petracchi, la comisión decidió enviar un oficio al Citibank de Nueva York, al Senado norteamericano y al juzgado a cargo del magistrado español Baltazar Garzón. El pedido de juicio político contra Petracchi fue promovido en marzo de 2002 por los diputados Héctor Polino y Graciela Ocaña, a raíz de una transferencia que se habría realizado a una cuenta de Petracchi en el Citibank de Nueva York por 580 mil dólares, que luego fue revertida. Los denunciantes sospechan que el dinero podría estar vinculado a dinero que suponen que Telefónica de Argentina habría pagado para cambiar la voluntad de los magistrados, en relación del rebalanceo telefónico de 1998. La vigencia de la causa promovida por Polino y Ocaña, esta última ahora con licencia en ese cargo, estaba a punto de caducar, por lo que a pedido de los legisladores y del propio Petracchi la comisión decidió reconsiderarla y producir las pruebas para despejar o confirmar las sospechas relacionadas al actual presidente de la Corte.