Lo hizo luego que una pericia encargada a la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmara que existieron una veintena de operaciones irregulares de Siembra AFJP a través de Rabello, en la compraventa de acciones de sociedades extranjeras, operaciones que, si eran negativas se adjudicaban al fondo del dinero de los afiliados.
En cambio, si sobre el cierre de la jornada bursátil el negocio resultaba rentable, en Rabello se hacía de cuenta que Siembra nunca lo había efectuado, y la operación y las consecuentes ganancias se adjudicaban a un tercero, por lo general particulares vinculados al Banco Privado de Inversiones (BPI).
La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), detectaron la maniobra hace más de dos años, y la denunciaron ante la justicia, donde el juez procesó con prisión preventiva a Luis Scola y Diego Militto, de Rabello y Luis Rocco y Pablo Salvemini, del área de Inversiones de la AFJP.
La causa contra Scola ya se elevó a juicio oral, y el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 lo excarceló a la espera de que se eleva la acusación contra los otros tres, que siguen detenidos en la División Delitos Complejos de la Policía Federal, señalaron fuentes judiciales.
Las fuentes explicaron además que la semana pasada uno de ellos, Salvemini, se decidió a hablar y aseguró que el fraude estaba diseñado y consentido desde arriba, por lo que comprometió al gerente de Inversiones de Siembra AFJP, Alberto Términe, hasta ahora con falta de mérito decidida por la Cámara en lo Penal Económico en 2002.
Con los dichos de Salvemini, dijeron fuentes de la causa, los querellantes podrían pedir muy pronto al juez Vidal Durand que revoque la falta de mérito de Términe, además, se supo que el magistrado comenzará a investigar la responsabilidad de los inversores del BPI, entre los que figuran altos gerentes de la entidad.
Otro que sigue con falta de mérito en una situación parecida a la de Términe es Javier Goñi Fernández de Arcaya, el presidente de Rabello.
En junio del año pasado, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico revocó, en fallo dividido -que se adjunta al final de la nota, el procesamiento con prisión preventiva del agente de bolsa, aunque el camarista que se pronunció a favor de mantener la medida de primera instancia, ordenó profundizar la investigación.
Fuentes de la causa confirmaron que la mayoría de esas medidas, que incluyen escrutar el patrimonio de Goñi, su mujer y su hijo, todavía están pendientes, y podrían profundizarse tras la elevación a juicio de las acusaciones que –según el juez Vidal Durand- están listas para el debate oral.
Contabilidad vs. finanzas
Hasta ahora, las defensas de los procesados y los otros imputados argumentaron al unísono que la maniobra defraudatoria no existió y esgrimen que en los registros de Rabello y Siembra todo está en orden.
El juez pidió el año pasado una amplia pericia para verificar estas afirmaciones, y la Corte Suprema designó a un perito contable, que se pronunció en el mismo sentido.
Previendo la respuesta, los querellantes de la SAFJP pidieron que se pronuncie también un especialista en mercado de capitales. Y es así que la Universidad de Buenos Aires designó entonces al licenciado Nicolás Salvatore, quien la semana pasada concluyó que el perjuicio total contra el fondo de Inversiones de Siembra ascendió a 458.213 pesos.
También, concluyó que la “ganancia neta” de los inversores vinculados principalmente al BPI ascendió a 153.292 pesos y se determinó además que hubo casos en los que a comitentes privados que negociaban a través de Rabello obtenían mejores resultados que Siembra AFJP.
“Las maniobras efectuadas sí ocasionaron un perjuicio al Fondo Siembra”, concluyó Salvatore, en la pericia clave para elevar la causa a un juicio oral que tendrá un récord: será el primero a agentes de bolsa por maniobras financieras.
Además, entre las medidas que el año pasado ordenó Grabivker con la anuencia de los camaristas Carlos Pizzatelli y Nicanor Repetto, figuraba una que puede ser clave: determinar si las operaciones que personas físicas pueden realizar con acciones de sociedades extranjeras son o no comunes.
Esa inquietud ya tuvo respuesta en el dictamen del especialista de la UBA, quien concluyó que las operaciones realizadas por particulares son muy infrecuentes por sus altos costos.
Los procesados están acusados de violar los artículos 140 y 141 de la Ley 24.241, que establece el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Allí se prevén penas de prisión de 4 a 10 años, al que por “inobservancia” de sus obligaciones o las leyes “llevare a cabo las inversiones, depósitos o custodia de un modo indebido, causando perjuicio a un fondo”.
También se regulan penas de 5 a 15 años a quien, “causare un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones procurando un beneficio indebido para sí o para un tercero”.