02 de Julio de 2024
Edición 6997 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/07/2024

Los Rodriguez Saá en la cuenta regresiva

El gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá está cada vez más cerca de una imputación por enriquecimiento ilícito. Ahora el juez Juan José Galeano rechazó un recurso contra la presentación compulsiva del puntano para que justifique sus bienes. En la misma causa se investiga al ex presidente Adolfo Rodríguez Saá.

 
El juez federal Juan José Galeano rechazó la nulidad interpuesta por el defensor de Alberto Rodríguez Saá, Pablo Jacoby, en la causa donde se investiga el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador puntano y también a su hermano Adolfo, fugaz presidente en los últimos días de 2001.

De esta forma, quedó firme la citación a una audiencia donde el mandatario puntano debe justificar cómo adquirió una larga serie de bienes.

Esa audiencia aún no tiene fecha, y la debe convocar el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, quien la semana pasada también había dictaminado por el rechazo de la nulidad interpuesta por el defensor Jacoby, el mismo que representa a la agrupación de familiares Memoria Activa en el juicio por el caso AMIA.

El juez y el fiscal coincidieron en calificar de “improcedente” la nulidad interpuesta por la defensa de Rodríguez Saá, por entender que el pedido “no está previsto” en el Código Procesal Penal.

En un fallo de tres carillas al que tuvo acceso Diariojudicial.com, Galeano aseguró que el “estudio pericial contable” que propuso la defensa para evitar la citación a justificar sus bienes puede realizarse más adelante, por lo que “nada tiene que ver con el acto procesal atacado” por Jacoby.

Fuentes de la investigación indicaron que en el caso de enriquecimiento ilícito de la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, primero se la citó a justificar los bienes y luego se realizó la pericia contable. En este caso, el juicio oral comenzará el próximo 13 de abril.

La causa se abrió en el 2000 por una denuncia del ex diputado del Frepaso, Juan José Laborda Ibarra, quien aseguró que el ex senador y ahora gobernador de San Luis había pasado de tener, en 1983, una casa y dos autos usados a declarar 25 inmuebles y acciones en varias empresas valuadas en millones de dólares.

Hasta ahora, Galeano pidió una serie de informes a la Dirección General Impositiva, a la Inspección General de Justicia, al Banco Central y luego concluyó que hay números que no cierran, y dio vista al fiscal Di Lello para que opinara si correspondía ordenar que Rodríguez Saá justificara el origen de su patrimonio, ya que en los casos de presunto enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba.

En la presentación que el juez rechazó, la defensa de Rodríguez Saá aseguró que la investigación es “absurda y carente de todo fundamento” ya que se originó “a partir del insólito testimonio de un acérrimo opositor político de mi defendido”.

Fuentes de la investigación indicaron que, a medida que se avance en la investigación, también podría resultar implicado el ex presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, quien también aparece en sociedades y propiedades junto a su hermano.

Además de la citación del fiscal, también están pendientes de respuesta una serie de medidas de prueba ordenadas por el juez Galeano, entre las que se cuentan informes exhaustivos a la Inspección General de Justicia nacional, ya que el organismo correspondiente de San Luis no atendió pedidos anteriores del juez federal.



dju / dju
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