Por la disposición nº 1/2004 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales se llevará a cabo el Primer Censo Nacional de Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Privados, con carácter obligatorio, a partir del 1° de marzo de 2004 y hasta el 30 de abril de 2004. Durante este plazo se dispuso la obligatoriedad de la realización del censo para todos aquellos que actúen en el sector privado, definidos en el artículo 1° de la Reglamentación aprobada por el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001 donde deberán completarse los datos en forma telemática a través del enlace dispuesto a esos efectos en la página de Internet http://www.jus.gov.ar. En los considerandos se estableció que el Censo Nacional, además de cuantificar el universo de aquellos regulados por la Ley de Protección de Datos Personales, tiene por finalidad conocer la composición cualitativa y sectorial de los actores que desarrollan el tratamiento de datos personales, información que servirá para la mejor implementación del Registro Nacional de Bases de Datos, cuyas bases técnico jurídicas fueron establecidas en la Disposición DNPDP N° 2 del 20 de noviembre de 2003, y por ende, posibilitar una mayor protección a las personas.
Declaración
El ex presidente Fernando De la Rua fue citado para mañana a prestar declaración testimonial en una causa que se inició por denuncia del fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, quien pidió que el ex mandatario aclare dichos públicos en los que aseguró que “existe prensa independiente y otros que reciben sobres”. Moldes había pedido que se reclame a De la Rúa que brinde “las constancias y probanzas con que cuenta para sustentar tan grave acusación”, lo que el juez Jorge Urso pretende hacer en la declaración de mañana. “Existen recursos públicos comprometidos en la supuesta maniobra”, remarcó Moldes en su denuncia inicial, en la que indicó que De la Rúa debe aclarar a qué periodistas se refiere, para “evitar que una mancha generalizada de sospecha cubra por igual a justos y pecadores”. De no ser así, opinó el fiscal Moldes, se estaría “enlodando sin distinción a quienes, en definitiva, no son más que heraldos y mensajeros de la opinión popular”.
Razonabilidad
El Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo Luis Di Rocco, reiteró su preocupación por lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, destacando la falta de razonabilidad en los criterios esgrimidos en el otorgamiento respecto del régimen de Salidas Transitorias, del detenido Diego Raúl Olivera condenado por el delito de violación. Di Rocco consideró que “el problema de la Justicia en nuestra sociedad, lo mismo que en cualquier otra depende de muchos factores: persecución adecuada de los delitos, juicios justos y rápidos, cumplimiento de las condenas y reinserción social de los condenados. No se trata de mano dura o mano blanda, sino de Ley justamente interpretada, razonada y aplicada”. El titular de la cartera de Justicia destacó, además, su total apoyo al Proyecto de Ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados por su titular, Osvaldo Mércuri, contra los beneficios carcelarios a los condenados por delitos contra la integridad sexual, como así también la modificación del Código Procesal Penal en materia de excarcelaciones.