En una presentación motorizada hoy en los Tribunales Federales por Pedro Biscay, director ejecutivo del CIPCE, se pide a los jueces Jorge Urso (a cargo de la causa IBM-Banco Nación) y a Rodolfo Canicoba Corral (IBM-DGI) que actualicen los embargos que empequeñecieron al ritmo de la devaluación del peso, en enero de 2002.
“Sería conveniente efectuar una debida actualización de las sumas embargadas”, dice el escrito al que tuvo acceso Diariojudicial.com “a fin de lograr reequilibrar la desvalorización actual con lo presupuestado al momento de dictarse los procesamientos”, indicaron desde el CIPCE.
También, reclamaron la inscripción de los procesados en los registros de la organización VERAZ, “generando así la correspondiente publicidad frente a terceros potenciales que puedan llegar a efectuar operaciones financieras” con los procesados.
En el CIPCE detectaron que al menos uno de los procesados en la causa IBM-Nación, Luis Alberto Manfredi, sigue realizando operaciones, aunque se le dictó en abril de 1996 un embargo de 1.000.000 pesos/dólares.
“La devaluación monetaria operada al mes de enero de 2002, ha venido a afectar significativamente los montos embargados cautelarmente, de manera que aquello que se suponía solventar con la interdicción cautelar hoy no resulta ni remotamente suficiente”, se lee en el escrito.
En diálogo con este diario, Biscay opinó además que “es importante no sólo los procesamientos sino la recuperación de bienes para el Estado” y sostuvo que durante el proceso judicial, todavía abierto “se puede realizar una incautación preventiva”.
Como en este caso estamos hablando de dinero, la incautación podría servir para realizar tareas sociales, como equipar hospitales”, sostuvo Biscay.
Sólo en la causa IBM-Nación los embargos dictados en 1996 y 2001 contra 32 personas son (la mayoría ex funcionarios de la entidad estatal) por un monto total de 31 millones de “pesos/dólares”. A los valores actuales de la divisa norteamericana, según el CIPCE, hoy los embargos deberían actualizarse en sumas cercanas a los 92 millones de pesos.
De cualquier forma, el CIPCE aún no fue tenido en cuenta como amicus curiae en ninguna de las dos causas. En IBM-DGI, porque el expediente está a disposición de la Cámara Federal y en la causa IBM-Banco Nación no han obtenido respuesta del juez Urso.