“Armaron la causa antes de investigar, sin importar la verdad de lo ocurrido, eligiendo en gran medida a quiénes se debía inculpar”, dice Garré en su presentación, a la que tuvo acceso Diariojudicial.com.
En esa línea, acusó a los dos representantes del ministerio público de “tener conocimiento del pago ilegal a Carlos Telleldín de 400.000 dólares para que en su declaración impute a policías bonaerenses de haber retirado de su domicilio la camioneta Trafic que se habría utilizado en el atentado a la AMIA” y señaló en particular a Barbaccia por “haber participado activamente en la implementación del pago”, aunque luego lo negó en una causa conexa.
Pero la lista de supuestas irregularidades que según Garré cometieron los fiscales, sigue: los acusó de “ejercer presiones sobre testigos para obtener las declaraciones que ellos necesitaban” y señaló además que “la situación de Barbaccia se agrava más, ya que está concursando ante el Consejo de la Magistratura para ser Juez Federal”.
“En la audiencia con la Comisión de Selección declaró una falsedad cuando dijo que el sumario penal abierto en su contra en el juzgado del Dr. Ballesteros, estaba cerrado. No es cierto, porque dicha causa se encuentra apelada a consideración de la Cámara Federal. Asimismo, no comentó la imputación por falso testimonio que se deriva de la denuncia penal que inició el ex prosecretario del Juzgado Claudio Lifschitz ni la denuncia que le hizo el Tribunal Oral por el caso de Miriam Salinas”, aseguró la diputada.
Garré fue alejada de su cargo en la UEI en el segundo semestre de 2001, por una denuncia, precisamente, de los fiscales, que la acusaron de revelar a la prensa la identidad del Testigo C del caso. Ahora, por ese tema también denunció a Mullen y Barbaccia.
Les imputa “haber denunciado falsamente a la Secretaria de la Unidad de Investigaciones Especiales de la causa AMIA, para desplazarla de la investigación”, aseguró en esa línea que “C” no era un testigo de identidad reservada sino un “testigo protegido”.
Garré le dijo a este diario que “espera que el Procurador General convoque al Tribunal de Enjuiciamiento, y que éste finalmente destituya a los fiscales que no quisieron investigar el atentado más cruento de nuestra historia, y paradójicamente, el más impune”.