Servini había hecho lugar a un planteo de la defensa del banquero, que invocó el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que deben liberarse a los imputados que hayan estado más de dos años en prisión sin sentencia firme, como el caso de Rohm que permanece detenido desde el 23 de enero de 2002.
En cambio, la Cámara consideró que <>no puede otorgarse la libertad al banquero porque el delito que se le imputa no es excarcelable, porque prevé penas que van de los cinco a los diez años de prisión.
Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun entendieron que los delitos económicos como el que se investiga en esa causa “si bien difieren de los que tienden a la protección de la libertad de las personas, no por ello deben considerarse menos riesgosos para la sociedad”.
Los jueces dijeron que “existen diversos elementos que permiten concluir que (Rohm) ejercía la función de jefe de la organización” que fugaba capitales, por la “posición que mantenía tanto en lo atinente a la estructura del grupo como en punto al proceso de toma de decisiones concretas”.
“Las decisiones vinculadas con operaciones concretas de bonos, así como las relativas a créditos otorgados tanto en Uruguay como en Argentina a empresas del grupo y las atinentes a la forma de operar del BGN provenían de directivas emanadas del nombrado”, enfatizaron los camaristas.