En este sentido, Wilson Cruz y Soledad López, oriundos de Bolivia, alegaron en el juicio que al no tener la documentación en regla no pudieron acceder al sistema de salud mendocino para tratar a su pequeña hija Andrea, que falleció el 1° de junio de 2003 cuando tenía dos años en extrañas circunstancias.
Cruz y López habían sido imputados por el juez de Instrucción Ariel Spektor luego de que los médicos del Hospital Notti sospechasen de un posible caso de maltrato de la niña, que llegó muerta a la guardia y con signos de violencia en el cuerpo, situación que sus padres explicaron al decir que ella misma se los producía debido a sus incapacidades, al ser ciega y padecer una severa parálisis cerebral, secuelas de la meningitis.
En tanto, el abogado defensor de los imputados explicó que pudo haber existido negligencia e irresponsabilidad por parte de los padres por entregar una bolsa de nylon a la niña para jugar, y aunque según la necropsia la niña murió asfixiada, no se pudo comprobar si esa causa fue inducida o accidental y fueron absueltos por el beneficio de la duda.
La defensa cuestionó además el testimonio del médico del Cuerpo Médico Forense, Juan Nanfaro, alegando que había dejado “más dudas que precisiones” y que “en ningún momento hubo pistas suficientes para calificar el hecho como un homicidio doloso”.
En este sentido, al no poder demostrarse la intención de inducir la muerte, el forense acusó a los padres por desconocer el peligro al que estaba expuesta su hija Andrea, por dejarla sola en una habitación y jugando con una bolsa, por lo que se sugirió en caso de existir una condena, prisión en suspenso.
Por su parte, el fiscal de Cámara Felipe Seisdedos, estaba convencido de que se trataba de un homicidio agravado por el vínculo, y sus argumentos para una condena se fundamentaron en la declaración de Nanfaro, por lo que pidió para los acusados “reclusión perpetua más la accesoria”, aunque luego los magistrados entendieron que no había evidencia suficiente para condenarlos.