La resolución, tomada durante la feria judicial de enero fue confirmada por Diariojudicial.Com. Ballestero decidió archivar la causa luego de entender que la imputación contra Mullen y Barbaccia “no pudo ser mínimamente corroborada” durante el desarrollo de la causa.
Los fiscales del caso AMIA fueron denunciados por el abogado del ex policía Juan José Ribelli, José Manuel Ubeira, luego que en una audiencia del extenso juicio oral se escuchara una grabación del teléfono de la mujer de Carlos Telleldín, Ana Boragni, donde ésta la decía a su abogado que los fiscales le habían ofrecido dinero a otro imputado, Guillermo Cotoras, para que declarara contra El Enano.
Sin embargo, durante la instrucción declararon tanto el abogado Víctor Stinfale como Boragni, quienes bajo juramento aseguraron que no les constaba el supuesto ofrecimiento de los fiscales a Cotoras.
Pero quien terminó de cerrar el círculo fue el mismo Cotoras –hoy imputado en la trama del atentado aunque con falta de mérito- quien al declarar ante Ballestero aseguró que fue él quien les pidió ayuda económica a los fiscales, ya que tenía un conflicto familiar.
Cotoras explicó que los fiscales lo derivaron a la asesoría legal gratuita del Poder Judicial, y negó que le hayan pedido que declarara contra Telleldín. “Nunca me trataron mal, tuve una charla seria, propia de la función de los fiscales, nunca me sentí amenazado, ni coaccionado ni me propusieron algo ilegal”, dijo Cotoras en esa declaración.
La resolución de Ballestero fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien reemplazó en la feria judicial a Carlos Cearras, porque el representante del ministerio público entendió que Mullen y Barbaccia debían ser absueltos y no correspondía tan sólo el archivo de la causa. Esa apelación está en estudio en la Cámara Federal.
Aquella denuncia contra los fiscales, hoy prácticamente descartada, fue apenas un primer escarceo de la pelea entre las defensas –principalmente las de Ribelli y Telleldín- y los fiscales del juicio que participaron en la instrucción, que hoy (a 30 meses de comenzado el proceso oral) se manifiesta con más fuerza que nunca.
En el arranque de esta semana, los fiscales Mullen y Barbaccia debieron defenderse de un nuevo pedido de recusación, basado en algo que las defensas consideran probado: que los fiscales sabían del pago de 400.000 dólares a Telleldín antes que éste incriminara a los policías bonaerenses en la trama del atentado.
Los fiscales ya negaron cualquier conocimiento del hecho al declarar en la causa que instruye el juez Claudio Bonadío, donde se investiga el pago y otras irregularidades, y –según fuentes de la acusación- se preparan para volver a fundamentarlo a la hora de las réplicas de los alegatos.
Antes, los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo –integrantes del Tribunal Oral Federal 3- deberán decidir si aceptan los argumentos de la recusación y separan a los fiscales, algo que en fuentes del juicio se consideró altamente improbable.
Cerca de los jueces se recordó incluso que los jefes de la SIDE que detallaron en la audiencia oral los pormenores del pago a Telleldín, negaron rotundamente que los fiscales estuvieran al tanto porque –dijeron- se trataba de una operación de inteligencia “secreta”.