En el caso de Lasala, que llegó al juicio acusado de formar parte de una asociación ilícita, Valle no alegó, porque según una doctrina utilizada en el fuero federal –reasumida por la Corte Suprema en el caso , el Tribunal no condena si, como en este caso, no se mantiene la acusación fiscal.
En el caso de Bottegal, en cambio, los fiscales sí pidieron la dura pena de diez años de reclusión, por considerarlo partícipe necesario del delito de secuestro extorsivo. El defensor, en cambio, aseguró que no se lo puede acusar de ese delito porque tuvo conocimiento del hecho después de ocurrido. También, denunció que Bottegal fue interrogado ilegalmente por personal de inteligencia.
Valle dijo que la conducta de su defendido podía encuadrarse, a lo sumo, como cohecho o exacción ilegal.
Pero en el cierre del alegato, como ya había ocurrido en las cuatro jornadas anteriores, lo fundamental del esfuerzo de Valle y sus colaboradores fue defender a Ibarra, el más comprometido por la acusación fiscal de reclusión perpetua.
Hoy, Valle repasó lo fundamental de su extenso alegato, que se centró en tres ejes. Por un lado, desmentir que esté probado que se usó una camioneta bomba en el atentado. Después, que por las declaraciones contrapuestas de Carlos Telleldín no se puede probar que efectivamente los policías le sacaron el vehículo.
La tesis final de Valle es que, si no se tiene en cuenta el argumento anterior, igual la camioneta que Telleldín dijo que le dio a los policías no contenía el motor que se habría encontrado en los escombros de la AMIA.
Por otro lado, a la hora de defender a Ibarra de los otros cargos que enfrenta por los aprietes a Telleldín, la defensa insistió hoy en que ninguno de los hechos quedó probado en el extenso juicio. Los delitos conexos que la fiscalía le imputó son tentativa de privación ilegal de la libertad, falso testimonio agravado, instigación al falso testimonio reiterado, coautor material de secuestro extorsivo y asociación ilícita.
El juicio se retomará recién el 13 de abril, con el alegato del defensor oficial Eduardo García, quien representa a los policías Diego Barreda y Diego Quinteros, ambos acusados por delitos conexos al ataque terrorista.