El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pide cautela ante las sesiones a las apuradas que llevan los legisladores que entienden que la solución a la inseguridad pasa solo por el endurecimiento de penas. De esta manera, el CELS consideró que el aumento de las penas y el endurecimiento de las condiciones de excarcelación no solucionan los problemas de inseguridad y llamó a implementar una política que proteja “no sólo los derechos de un determinado sector social”. Mediante un escrito, el CELS opinó que “el problema de la inseguridad afecta a toda la sociedad y en forma particularmente grave a los sectores de menores recursos” por lo que “hay que buscar políticas que protejan a los diversos actores y no sólo los derechos de un determinado sector social y mucho menos que promuevan la seguridad de un determinado grupo social a costa de los derechos de los demás ciudadanos”. Sin embargo, aclararon que es un “derecho legítimo” el petitorio de siete puntos elaborado por Juan Carlos Blumberg, padre del joven asesinado por un grupo de secuestradores. Precisó además el CELS que “distintos puntos del reclamo se relacionan con problemas reales que no pueden ser ignorados, pero que tampoco pueden ser abordados de modo irresponsable como si no hubiera existido un aprendizaje en la materia y no existiera el riesgo de repetir los errores cometidos y profundizar la crisis”.
Llegada con apoyo
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, manifestó que tiene la convicción de que el presidente Néstor Kirchner está conforme con la llegada de León Arslanian al Ministerio de Seguridad bonaerense. En ese sentido, Solá detalló que si bien fue él quien decidió la llegada del ex juez y ex ministro a la provincia, reconoció que hubo contactos con el Poder Ejecutivo Nacional desde donde le manifestaron que estaban de acuerdo con el nombramiento de éste en la cartera más polémica de Buenos Aires.
Reforma
El Poder Legislativo brasileño se encuentra trabajando a fin de sancionar una reforma judicial. El proceso que lleva mas de diez años de tramitación y cuatro desde su aprobación en la Cámara de Diputados parece estar cercano a ser sancionado luego de que una comisión del Senado, elevara al plenario el texto del proyecto al cual le introdujeron modificaciones. Entre las incorporaciones que propone la reforma se encuentra la agilidad de los procesos, la federalización de las causas por crímenes contra los derechos humanos. Asimismo se creará un Consejo Nacional de la Justicia, similar a lo que aquí es el Consejo de la Magistratura, como un órgano de contralor externo que fiscalizará la actuación administrativa de los magistrados. En su integración el Consejo estará compuesto por 15 miembros de los cuales pertenecerán 9 al estamento de los jueces, dos procuradores, dos abogados y dos representantes de la sociedad civil designados por el Congreso. De ser aprobada la reforma, la ley quedará lista para su promulgación por el presidente Lula da Silva en un lapso no mayor de 60 días.