En la denuncia que dio origen al expediente Sarwer afirmó que Torres recibió un habeas corpus preventivo presentado por él y, previo a declararse incompetente y remitirlo a la justicia criminal de instrucción, incorporó al expediente copia de una pericia psiquiátrica sobre el estado mental del presentante que había sido realizada en al marco de la causa "AMIA".
Para el denunciante, se trataba de una pericia "parcial" del año 1998, que no se encontraba ajustada a derecho ni a las garantías constitucionales previstas para este tipo de procesos.
Entonces, Sarwer presumió que se pretendía "privarle" su "libertad ambulatoria" y que el magistrado denunciado formaba parte de "una gran asociación ilícita".
Según fuentes consultadas, para el órgano de acusación los hechos denunciados no constituirían ninguna de las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional que autorizan el pedido de remoción del juez denunciado.
Es que -añadieron- un informe relacionado con la capacidad psíquica de una de las partes del proceso "no constituye una conducta irregular" ya que "aporta un elemento de conocimiento válido al magistrado que intervendrá en la acción que se planteó".
No obstante, el órgano de acusación deberá expedirse al respecto la próxima semana cuando se realice su acuerdo en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, con pronóstico de desestimación.