“Ya se conocía la verdadera situación financiera de ese gobierno, pero el banco no la aclaró a quienes seguían comprando bonos que luego entraron en cese de pagos” se precisó en el fallo, porque “la entidad no informó adecuadamente a los ahorristas sobre el riesgo efectivo de sus colocaciones en bonos argentinos”.
La sentencia, de ejecución inmediata, remite a dos precedentes de Alemania, ya que tanto los fallos germanos de hace pocos meses como el italiano tendrán incidencia en la larga polémica entre bancas y comités de inversores.
La sentencia se apoya en el artículo 29 del reglamento de la Commissione de Società e Borse (Consob), una norma que prohíbe endilgar a ahorristas e inversores pérdidas emergentes de operaciones financieras, si previamente no se ha informado a los clientes los verdaderos riesgos.
El problema se generó a finales de 2001, cuando durante el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá se anunció el cese unilateral de pagos de comisiones e intereses sobre deuda, con apoyo del Congreso, momento en el que la deuda externa alcanzaba alrededor de 150 mil millones de dólares, existiendo cerca de 12 mil millones en papeles afectados por el incumplimiento.