VEREDICTO. Se conocerá el 8 de junio la sentencia del jury de enjuiciamiento sobre el caso Marquevich. Si bien a lo largo de todo el proceso quedó sentado que el trámite tiene más de político que de juicio, lo cierto es que como se dice en tribunales, cada expediente es una realidad distinta, la que vivió Marquevich al encarcelar a la señora de Noble, hoy le está facturando las consecuencias. Más allá de lo paradigmático de que una de las acusaciones que pesan sobre el magistrado es la de haber generado repercusión mediática del encarcelamiento (justamente una de las cosas que el periodismo, incluyendo el de Clarín, toma como mercadería para despertar el interés del lector), la ironía del destino lo tiene ahora imputado de “atrocidad mediática”. Lamentablemente no se mide a todas las personas bajo proceso con la misma vara, y se habrá perdido una oportunidad para establecer qué es lo debido en esta materia. Porque si el día de mañana Marquevich como sus hasta ahora pares federales, no le dan primicias a los medios, los medios se quejarían ante los jueces por presunto ocultamiento de la información. Si bien el código procesal dice que el expediente es solamente público para las partes, seguramente ni Clarín ni Nación se conformarían con esta respuesta si el imputado es Menem, De La Rúa, María Julia o Mazzorín. Lo bueno sería que el Consejo, más allá de acompañar la natural ola que produce la opinión pública y la opinión publicada, fijar criterios sobre cómo deben darse a publicidad los actos procesales de los jueces. Independientemente de Marquevich o doña Ernestina, el Consejo y el Jury podrían saldar una deuda con la sociedad, diciéndole cuál es el perfil de juez que ellos pretenden. ¿El de Cruciani, Cattani o “Mengani”?
OTRO. Menos mediático, pero más contundente en sus razones, es el proceso que se encamina a otro probable jury de enjuiciamiento contra la jueza correccional de la Capital, Elena Frillocchi. Desconocida para el gran público, esta magistrada, cuya designación algunos vinculan a las épocas de gran influencia y vanas promesas de Jorge Anzorreguy, y otros al interés del ex presidente de la Corte, Julio Nazareno, atraviesa hoy por hoy un camino que se desliza fácilmente hacia el juicio político. Todos conocen el sobredimensionamiento de causas en trámite por el que atraviesa hoy el fuero correccional. Si bien parte de ellas son de instancia privada, y otras se delegan en gran número hacia las fiscalías, así y todo los expedientes se multiplican como conejos en primavera. Ante esta realidad, los jueces desarrollan una suerte de arte del equilibrio, a la manera de los platillos chinos, para que la menor cantidad posible de causas se estrellen irremediablemente contra el suelo de la prescripción. Pero lo que aparentemente para el Consejo no tiene ninguna posibilidad de excusa ni atenuantes, es quizás la más grave de las imputaciones que pesan sobre la cabeza de esta controversial jueza, la de haber procesado a una persona tras imputarle el homicidio de una mujer que, en realidad, estaba vivo. Si bien la delegación y división de tareas se impone en cualquier estructura organizacional, es una realidad que tiene sus pro y sus contras, a los consejeros que escucharon el descargo de la magistrada no les quedó una muy buena impresión. La jueza, con un discurso que le salía a borbotones, no logró despejar las dudas que se cernían sobre su actuación. Tampoco pudo brindar buenas razones para poder defender otras irregularidades en el manejo de las causas como cuando ordenó el desalojo de una familia que ya había sido desalojada en virtud de una resolución dispuesta por ella misma con anterioridad. Otra vez vuelve a asomar sobre el Consejo la idea que va tomando fuerza en la Provincia de Buenos Aires, de que los jueces deban rendir exámenes periódicos para evaluar sus capacidades.