Además, desde el cuerpo le requirieron la transferencia del personal asignado a la tarea, con sus asignaciones presupuestarias, y del espacio físico designado para el depósito y archivo de dichas declaraciones.
El pedido se basa en que por Acordada 1/2000 la Corte Suprema dispuso, en cumplimiento de la ley 25.188 artículo 5° incisos c) y s), un “Reglamento sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación” contempladas por dicha ley.
Así el proyecto establece que las funciones de recepción, custodia, archivo y registro de dichas declaraciones juradas patrimoniales pueden considerarse incluidas entre las generales de administración y reglamentación del Poder Judicial de la Nación atribuidas al Consejo de la Magistratura.
A raíz de esta presentación, se debatirá en los próximos días en el seno de la comisión la transferencia de las funciones de recepción, custodia, archivo y registro de las declaraciones juradas presentadas por los magistrados y funcionarios de los tribunales nacionales.