Al respecto, Poder Ciudadano entregó hoy una serie de recomendaciones al Consejo para agilizar y transparentar el trámite de las causas. El infome se realizó entre febrero y mayo de este año, y consistió en el examen de 41 expedientes en trámite en la Comisión de Acusación, elegidos al azar de un total de 129, algunos sin resolver desde 1999.
Esta Comisión está integrada por cuatro diputados (María Chaya, Jorge Casanovas, Juan Minguez y Marcela Rodríguez), un senador (Jorge Yoma) y dos abogados (Beinusz Smukler y Luis Pereira Duarte). Su función es proponer al plenario del Consejo la acusación de los magistrados para que, si corresponde, sean removidos.
Las denuncias deben originarse en mal desempeño, en delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes y, una vez recibidas, son asignadas por medio de un sorteo al consejero que será el instructor y, por lo tanto, el encargado de reunir toda la información necesaria para llegar a un dictamen acusatorio o absolutorio.
Se constató que el 40 por ciento de los casos actualmente en trámite fueron iniciados antes del 2002. "La demora injustificada de la resolución de los expedientes atenta contra la independencia del Poder Judicial y contra la administración de Justicia. Si el juez denunciado es inocente, su expediente debe ser resuelto para que no se vea perjudicado su nombre y para que los involucrados en causas a su cargo no duden del magistrado", consideró María Julia Pérez Tort, coordinadora del infome.
El ejemplo más revelador de ésta situación es el caso del juez Eduardo Favier Dubois, ya que el Consejo se enfrenta a la paradoja de tener que decidir entre su ascenso a camarista (luego de que obtuviera el mejor puntaje en el concurso) o su remoción, tras 4 años de trámite de dos denuncias por mal desempeño.
Además, se pudo comprobar que existen algunos expedientes con más de dos años de antigüedad y sin ninguna medida pedida. Por lo tanto, la ONG recomendó reglamentar sanciones para los consejeros que no impulsen los expedientes que se les asigna.
Muchas veces, ni siquiera se cita al denunciante o al magistrado denunciado para formular aclaraciones o ampliar los hechos imputados. En el 2003, sólo en el 5 por ciento de los expedientes se hizo uso de esta medida procesal, contra el 56 por ciento en el 2002, y el 33 por ciento en los años anteriores.
Entre las sugerencias que realizó la ONG figura la publicación en internet de los expedientes en trámite, su fecha de entrada y el consejero a cargo, así como información estadística sobre la Comisión de Acusación y los integrantes de la Secretaría de este cuerpo; y la creación de una mesa de entradas junto a la designación de un responsable para la atención al público en la Comisión.
Desde la puesta en marcha del Consejo de la Magistratura, en 1998, ingresaron 671 denuncias correspondientes a 294 jueces. De acuerdo a la información que brindó Poder Ciudadano, los ex magistrados Luis Leiva y Roberto Marquevich recibieron 15 denuncias, seguidos por Claudio Bonadío con 14 y Mariano Bergés con 13.
Del total de los jueces acusados, diez no continúan en funciones, ya sea por renuncia o por remoción por parte del jury de enjuiciamiento. Sólo continúan ejerciendo como jueces Eduardo Favier Dubois -sobre quien el pleno del Consejo de la Magistratura rechazó el pedido de juicio político- y Ricardo Bustos Fierro atento que el jury desestimó la denuncia.
Según el mismo informe, el fuero más denunciado resultó ser la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, que sumó 137 expedientes, contra 77 de la Justicia Civil y 68 de la Criminal y Correccional Federal.