Esta fiscalía especializada dejó de funcionar el 17 de abril último tras el asesinato de Axel Blumberg, aunque la oficina quedó instalada, e incluso siguieron trabajando en el lugar los dos secretarios, aunque en la práctica no funciona ya que está acéfala.
La Procuración General de la Nación, entonces a cargo de Luis González Warcalde, argumentó que el cierre de la fiscalía se debió a "razones presupuestarias", lo que deberá ser revisado ahora por el nuevo Procurador cuando asuma luego de que su designación sea publicada en el Boletín Oficial.
El 20 de abril pasado, una asamblea de 50 fiscales denunció que las razones presupuestarias sólo fueron una excusa y que el desplazamiento de Quiroga y Sica estuvo ligado a presiones del ministro Béliz "por el costo político" a raíz de la muerte de Blumberg.
"A pesar de que la medida se funda en supuestos motivos presupuestarios, es clara una vez más la intención de evitar pagar responsabilidades políticas a quienes les corresponde instrumentar las cuestiones sobre prevención, inteligencia y represión en materia de seguridad", decía el acta de asamblea.
Los fiscales aseguraron que el 31 de marzo el Procurador interino reconoció que el día anterior "concurrieron a su despacho en distintos momentos el ministro de Justicia y el entonces secretario de Justicia Pablo Lanusse -hoy interventor en Santiago del Estero-, a pedirle directamente la separación de Sica".
Por otra parte, los diputados nacionales del radicalismo presentaron ayer un proyecto solicitando la interpelación del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, por los últimos episodios de inseguridad tanto en la Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. La propuesta lleva las firmas, entre otros, de los diputados Horacio Pernasetti –jefe del bloque- y Leopoldo Moreau.