Sobre los magistrados pesan acusaciones por haber firmado fallos que liberaron a acusados de prisión, sentencias dudosas en causas millonarias y maniobras procésales que ignoraban la ley en favor de intereses privados, todas adoptadas con una rapidez llamativa para un sistema judicial sobrecargado de causas.
La supuesta venta de sentencias no es un tema nuevo que se ventile en el Poder Judicial brasileño, ya que hace meses están en marcha procesos similares por venta de sentencias en Sao Paulo y otros estados, de ese país. Además, a fines del último año el Tribunal Federal Regional de Brasilia sancionó a un juez y su esposa, imponiéndoles la jubilación compulsoria también por sospecha de venta de sentencias, delito por el que están siendo investigados.
Esa sanción, aunque implica que recibirán mensualmente pagos de la seguridad social proporcionales al tiempo de servicio y a los sueldos que disfrutan los empleados judiciales en Brasil, es la máxima que podía imponérseles dentro del marco legal de los jueces del país.
Casos como estos, determinaron que en una investigación de la Orden de Abogados de Brasil el Poder Judicial apareciera con uno de los índices más bajos de confianza, de sólo 39 por ciento. El principal motivo señalado es el involucramiento de jueces en escándalos de lavado de dinero, corrupción y tráfico de drogas, como la liberación de ricos y condena a pobres.
Según 86 por ciento de los investigados, la reforma del Poder Judicial que se tramita en el Congreso debe ser aprobada con urgencia. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha defendido reiteradamente la aprobación de una reforma del Poder Judicial que incluya un control externo de este, lo que rechazan algunas de sus autoridades.