04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Acusaciones varias

Tres jueces de Brasil fueron separados de sus cargos para que puedan someterse a un proceso judicial, ya que pesan sobre ellos serias acusaciones de pertenecer supuestamente a una red encargada de vender sentencias.

 
La medida fue dispuesta por la Corte Especial del Superior Tribunal de Justicia de Brasil en relación a Francisco Pizzolante, Ivan Athié y Ricardo Regueira, quienes se desempeñan en el Tribunal Federal de la segunda región, Río de Janeiro. La denuncia presentada por representantes del Ministerio Público se basó en una serie de reportajes periodísticos que ventilaron por 2002 una supuesta complicidad entre abogados, empleados públicos y magistrados para vender sentencias judiciales.

Sobre los magistrados pesan acusaciones por haber firmado fallos que liberaron a acusados de prisión, sentencias dudosas en causas millonarias y maniobras procésales que ignoraban la ley en favor de intereses privados, todas adoptadas con una rapidez llamativa para un sistema judicial sobrecargado de causas.

La supuesta venta de sentencias no es un tema nuevo que se ventile en el Poder Judicial brasileño, ya que hace meses están en marcha procesos similares por venta de sentencias en Sao Paulo y otros estados, de ese país. Además, a fines del último año el Tribunal Federal Regional de Brasilia sancionó a un juez y su esposa, imponiéndoles la jubilación compulsoria también por sospecha de venta de sentencias, delito por el que están siendo investigados.

Esa sanción, aunque implica que recibirán mensualmente pagos de la seguridad social proporcionales al tiempo de servicio y a los sueldos que disfrutan los empleados judiciales en Brasil, es la máxima que podía imponérseles dentro del marco legal de los jueces del país.

Casos como estos, determinaron que en una investigación de la Orden de Abogados de Brasil el Poder Judicial apareciera con uno de los índices más bajos de confianza, de sólo 39 por ciento. El principal motivo señalado es el involucramiento de jueces en escándalos de lavado de dinero, corrupción y tráfico de drogas, como la liberación de ricos y condena a pobres.

Según 86 por ciento de los investigados, la reforma del Poder Judicial que se tramita en el Congreso debe ser aprobada con urgencia. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha defendido reiteradamente la aprobación de una reforma del Poder Judicial que incluya un control externo de este, lo que rechazan algunas de sus autoridades.



dju / dju
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