FRAZADA CORTA. En la Argentina de hoy con los tironeos del Fondo Monetario, las provincias y los requerimientos piqueteros, los recursos del presupuesto nacional para las cosas que realmente importan; seguridad, justicia, educación y salud están, como siempre, comprometidos. Con la debida anticipación, con que se hacen las cosas serias, el Consejo de la Magistratura comenzó a estudiar cuál será el presupuesto para el año 2005 y como todos los años comenzará la puja, esta vez tratando de no pelearse con la Corte. “Esperemos que este año nos den por lo menos una suma cercana a lo que pretendemos”, comentaron desde el Consejo. “Tengamos en cuenta que desde el Gobierno Nacional, siempre se quejan de la falta de celeridad del Poder Judicial, pero con las partidas que nos suelen enviar muchas veces nos quedamos cortos, no podemos hacer todas las cosas que necesitamos”, se escuchó por los pasillos, de una de las tantas víctimas de la frazada corta argentina. Es necesario poner en marcha juzgados, que ya fueron creados, pero “si no nos mandan el dinero suficiente los mismos seguirán sin funcionar, con el sólo nombramiento de tal o cual juez no hacemos nada. Para que un juzgado funcione se necesita un lugar, computadoras, muebles, insumos, y principalmente personal, pero si el dinero no está nada se puede hacer. Si no, recuerden todo lo que paso con el fuero en lo Penal Tributario, ¿cuánto tiempo estuvo parado ese tema?" Un asunto que se intentará regularizar es el de los meritorios, quienes como todos los años ven renovada sus ilusiones de ser contratados, pero las voces consultadas fueron claras, “sin una partida acorde, no podemos hacer nada por ellos, la culpa no es nuestra. Es que nunca nos mandan las sumas que en verdad necesitamos”. Hoy cobran de las vaquitas (algunas bastante flacuchas) que suelen armar jueces, secretarios y empleados y subsisten sin seguridad social, aguinaldo ni ART. Fíjense como están las cosas que el juzgado comercial nro. 2, que el año pasado recibió el premio a la excelencia judicial (FORES e IDEA) contaba al momento del premio con 14 meritorios, mejorando ostensiblemente la capacidad de respuesta del juzgado duplicando el personal con una fuerza laboral en negro. Mientras tanto, quien no parece todavía haber encontrado su lugar, después de más de un año en el cargo, es el representante del Poder Ejecutivo Joaquín Da Rocha. Designado por la gestión del presidente Duhalde, aunque negando desde el vamos cualquier dependencia con el caudillo bonaerense, se mantiene como sobreviviente a la gestión Kirchner. Un posición que podría erigirse en una especie de “bisagra” entre los intereses de los poderes Judicial y Ejecutivo, todavía no le ha permitido generar una corriente de provechosas coincidencias entre ambas esferas. El Consejo selecciona, el Poder Ejecutivo no nombra; el Consejo pide plata y el Ejecutivo le recorta las partidas;el Consejo se afianza después de un lustro de gestión y el Ejecutivo propone descabezar su estructura recortándole la cantidad de miembros. Nadie duda de la capacidad de Da Rocha para moverse con habilidad en los entretejidos del poder, pero todavía no pudo articular un juego fluído entre dos poderes que deberían estar interesados en un mismo fin: el mejor funcionamiento de la justicia.
LA LEY DEL GALLINERO. Yrimia, Bergés, Bourel. Tres jueces del fuero de instrucción porteño que se alejan de sus cargos en tiempos coincidentes y por cosas más o menos parecidas. Más allá de que los dos primeros seguirán ocupando alguna que otra línea en los diarios a medida que avancen en sus nuevas actividades y que el restante empiece a disfrutar de la etapa donde surge la vocación por dar de comer a las palomas, lo cierto es que la libertad que da el alivio del retiro hace que los jueces digan cosas que la tradicional vía jerárquica suele vedar con mirada gélida y alguna que otra represalia. Puntualmente en los casos de Yrimia y de Bergés, tan distintos como parecidos, no ocultaron en los días previos a su salida que estaban un poco cansados de la relación que venían sosteniendo con la Cámara del Crimen. Es que la estructura judicial argentina, con vías jerárquicas tan marcadas, quizás con una rémora de autoritarismo que se fue acumulando con las capas geológicas que las distintas dictaduras formaron con sus designaciones, está demostrando últimamente, que los tribunales de alzada, de la Corte para abajo, no pierden oportunidad de hacer gala de su poder zarandeando a diestra y siniestra al inferior de turno. Esta característica, es advertible por cualquier lector avezado que sigue las noticias relacionadas con la actuación de jueces penales. Bastando que el caso tenga un nombre reconocido para la opinión pública –para bien o para mal- o que el expediente tenga cierto interés mediático, para que la revocación de una medida tomada por un juez de instrucción, se convierta en un manual de tiradas de orejas para el juez que opinó distinto. Pero esto no le hace nada bien al sistema, porque esta tendencia de reprender para quedar bien y ganarse un poroto, después se vuelve en contra ya que debilita la precaria fe en la justicia, incentiva a que otros hombres de la toga exacerben su morbo castigando al débil y hacen creer al lego que el normal juego de revisión por parte de una alzada, para confirmar o revocar, se convierta en un premio o un castigo para el juez que tuvo la suerte o la desgracia de coincidir o no con la opinión posterior. El famoso “sogazo” se está convirtiendo en moneda corriente aunque en algunos casos de sobredosis habrá que ver si en realidad se hace como el tero, pegar el grito en un lado y poner los huevos en otro. Lo cierto es que todos padecen en común, una nueva tendencia que se instaló: en la necesidad marquetinera de que la justicia tenga una imagen distinta ante la opinión pública, qué mejor para aparecer ejerciendo autoridad, que zarandear al que está abajo. Mientras tanto el Consejo de la Magistratura sigue acumulando expedientes porque toda cuestión que marque un contrapunto de opinión entre las distintas instancias, genera un espacio para que se denuncie livianamente a los jueces ante el Consejo, casi como un paso de rutina. Esto mostró una rápida reacción del consejero Claudio Kiper –tradicional defensor de los jueces-, quien advirtió a un grupo de colegas que no se puede tomar livianamente esto de inundar de denuncias por meras cuestiones de opinión al Consejo, porque los consejeros no está para dirimir divergencias personales y terminan archivando las causas con el consiguiente costo político para toda la justicia.