La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó “su profundo desagrado ante las expresiones de funcionarios del Poder Ejecutivo referentes a la persona de la Sra. Juez de Instrucción Dra. Maria Angélica Crotto”. “La actuación de los magistrados del Poder Judicial, mas allá de su acierto o desacierto, se encuentra sometida a la consideración y control que los mecanismos constitucionales establecen, pero ello no autoriza a funcionarios de la otros poderes políticos del Estado a expresarse desconociendo la irrestricta potestad de los jueces para decidir de acuerdo a las leyes vigentes sobre los conflictos sometidos a su jurisdicción”, sentenció el comunicado número 077/2004. El mensaje apunta directamente a las expresiones del ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuando se refirió a la actuación y a la denuncia de la magistrada en el conflicto suscitado en torno a la investigación de la toma de la comisaría 24 del barrio de La Boca. Según el comunicado, esa expresiones verbales resultan “inapropiadas y agraviantes, e indignas a la Justicia en General y contribuyen al desprestigio institucional incluso de quienes las profieren”. “Las instituciones deben ser respetadas para afianzar la vida democrática y alentar la resolución de los conflictos de acuerdo a las atribuciones que la Constitución confiere a cada uno de los poderes con un trato acorde a las personas por la responsabilidad que les ha sido conferida”, concluye el comunicado.
Aniversario
Tras 16 años, la causa por la muerte de la menor Jimena Hernández continúa abierta sin que hasta el momento se registren detenidos e imputados concretos, según fuentes tribunalicias. Voceros detallaron que el último movimiento se dio el 20 de agosto de 2003, cuando sorpresivamente y sin un indicio contundente de sospecha fue convocado a declarar uno de los sospechosos, Pablo López. En ese momento éste dio una declaración "informativa" ante el juez de instrucción Mauricio Zamudio, pero su relato lo dejó virtualmente desvinculado de la causa y, de hecho, ninguna imputación pesa sobre él. La menor apareció ahogada el 12 de julio de 1988 en el natatorio del Colegio Santa Unión, y las pericias forenses revelaron que había sido violada y asesinada. Tras una primera etapa de la investigación, y después de una serie de apelaciones la misma recayó en manos del juez Zamudio y del fiscal Enrique Gamboa, quienes cuatro años después de los hechos reconstruyeron todos los pasos de la investigación. Según fuentes el expediente está en condiciones de ser declarado prescripto por el paso del tiempo, pero ello no ocurrirá por lo menos en el corto plazo.
Designación
En el marco de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, que tuvo lugar el 7 y 8 de julio, en la ciudad misionera de Puerto de Iguazú, los gobiernos integrantes de esta unión latinoamericana, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, más los gobiernos de los países asociados a la misma, Chile, Bolivia, Perú, y recientemente México y Venezuela han definido la conformación final del primer tribunal arbitral permanente de revisión de conflictos comerciales para la solución de controversias dentro del bloque. El tribunal, tendrá su sede en Asunción y se inaugurará el 15 de agosto. Estará conformado por cuatro árbitros, uno por cada integrante del MERCOSUR, además de un quinto miembro, imparcial, para lo cual designaron al ex canciller paraguayo, José Antonio Moreno Rufinelli.
Recurso
La defensa del ex dictador chileno Augusto Pinochet, presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema del país vecino, para que éste revoque la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificó su desafuero en una sentencia que dictara el pasado 28 de mayo, en el marco de la causa por los crímenes de la "Operación Cóndor". El abogado defensor, Pablo Rodríguez, proclamó su inocencia y afirmó que no hay elementos que inculpen directamente al jubilado militar de 88 años. El tribunal no sólo acogió la petición para el desafuero del ex dictador, sino que, además, destacó que Pinochet no podía ignorar, en razón de su cargo de presidente de facto del país y jefe del Ejército, los crímenes perpetrados en el contexto de la llamada "Operación Cóndor" sistema coordinado entre las dictaduras militares que gobernaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay durante las décadas de los años 70 y 80 para la persecución y asesinato, de sus opositores políticos. La "Operación Cóndor, a la que se atribuyen miles de secuestros y asesinatos, es investigada en Chile desde 1998 por el juez Juan Guzmán y también por los magistrados Baltasar Garzón, de España, y Rodolfo Canicoba Corral, de Argentina.