Llamativamente, según fuentes consultadas el proyecto no fue incluido en el orden del día del plenario de mañana por lo que su tratamiento quedará suspendido hasta que se reinicie la actividad judicial luego de la feria.
En la actualidad, el régimen de desarraigo beneficia tanto a agentes que cuentan con la inamovilidad en el cargo (los que se desempeñan en la Secretaría General, en la Administración General y en sus cinco Comisiones –Selección, Acusación, Administración, Disciplina y Reglamentación), y a quienes son designados en forma temporal –asesores de Consejeros, cuya permanencia en el cargo depende de la permanencia del propio Consejero.
Además, se hace extensivo a quienes se encuentran contratados bajo la modalidad de “locación de servicios”, autorizados por Resoluciones CM N° 11/98 y 15/98 a ejercer su profesión y a contratar sus servicios con otros locatarios fuera de los días y horarios que deben cumplir funciones para este Cuerpo (pueden trabajar en el Poder Legislativo y/o en el PEN, y/o tener su estudio jurídico).
El proyecto para reformar las actuales condiciones del beneficio del desarraigo lo presentó la diputada del ARI y consejera Marcela Rodríguez, con el fin de que se exijan mayores requisitos para constatar el domicilio a más de 100 km y para que se elimine el beneficio para quienes tienen cargos permanentes, para asesores de consejeros y miembros del Jurado de Enjuiciamiento que cumplen funciones de tiempo parcial bajo la modalidad de “locación de servicios”.
La idea de reforma cuenta con un dictamen de mayoría favorable de las Comisiones de Administración y Financiera y de Reglamentación; y en minoría presentó uno por separado Lino Palacio (representante de los abogados) en tanto que Abel Cornejo (representante de los jueces), interpuso una disidencia al proyecto defendiendo el actual régimen.
El proyecto que fue aprobado en comisiones pretende que estén excluidos del beneficio, los integrantes de la planta permanente y los contratados por locación de servicio y que se acredite el domicilio de los que pretenden percibirlo mediante la presentación de DNI, facturas de servicio público u otra documentación.