“De la lectura de las medidas ordenadas en el decisorio del 16 de julio, se advierte una violación al principio republicano de división de poderes bajo el cual esta Ciudad y el Estado Nacional organizan sus instituciones que exige del poder judicial una respuesta urgente, inmediata y sin dilaciones a fin de que mi parte pueda interponer los recursos para que se reexaminen y reencaucen estos actuados en el marco de la juridicidad”, dice el escrito presentado esta mañana.
El apartado 2 de la resolución aludida establece que ”se concrete la denuncia respectiva por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitándose una medida cautelar ante el órgano supra nacional, conforme lo establece el art. 25 inc. 1ro. del Reglamento de dicha Comisión.” Según la Procuración, “la denuncia de violación de derechos humanos que el juez resuelve concretar, (se denominan peticiones) compromete gravemente no ya a la Ciudad de Buenos Aires sino al Estado Nacional”. Además, “implica también un profundo desconocimiento del derecho y una preocupante confusión sobre el rol del juez”.
De acuerdo con lo prescripto por el art. 23 del Reglamento de la Comisión Intermericana y conforme el art. 44 de la citada Convención: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u otra persona para representarlo ante la Comisión.”
En qué calidad peticionará el juez ante la Comisión, se pregunta la Procuradora General de la Ciudad, Alejandra Tadei, en nombre propio porque considera que se violan sus derechos, o de terceras personas, y en este caso se arroga la representación de las accionantes, representación que detenta el defensor oficial y el asesor tutelar y jamás el juez que debe ser imparcial.
“Evidentemente es un disparate”, dice textualmente el escrito en referencia al apartado 2 de la resolución del juez Gallardo. Además, critica en duros términos la aplicación de la multa de 500 pesos sobre el jefe de gobierno y otros dos funcionarios. “Es una decisión cuestionable por voluntarista y mediática, pero que podría esperar el tratamiento luego de la feria judicial”, dice.
Por último, en referencia al embargo de las cuentas oficiales del Gobierno de la Ciudad, la Procuradora General afirma que “el azar de los saldos bancarios decidirá si los tres millones de pesos se inmovilizarán sobre la cuenta de la Secretaría de Salud interrumpiendo así el suministro de insumos hospitalarios y poniendo en peligro la vida de decenas de personas; quizás la inmovilización de fondos recaiga sobre la Secretaría de Educación paralizando las colonias de vacaciones de invierno y privando a muchos chicos de su única comida diaria; probablemente recaiga sobre la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana imposibilitando el pago de los servicios de seguridad adicional y dejando sin custodia policial a grandes zonas de la ciudad; o quizás eventual y paradójicamente el embargo pueda trabarse sobre fondos de la Secretaría de Desarrollo Social y de tal manera las quince mil personas asistidas por los diversos programas, quedarán desamparadas”.