En diálogo con Diariojudicial.com, Raimbault adelantó que “el jueves próximo el proyecto podría adquirir estado parlamentario” y “si eso sucede pasaría a la Comisión nº 1 de Legislación y Justicia”, señaló.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores del ARI aclararon que "estamos proclamando para Tierra del Fuego, una concepción más democrática de la justicia penal que en la actualidad se reduce a un círculo cerrado de personas que retiene el poder de impartir justicia y de limitar los ámbitos y sujetos procesales".
El ámbito de aplicación previsto para el mecanismo del juicio por jurados serían los procesos penales en los que los imputados fueren funcionarios públicos, y también a aquellos a los que se les imputen delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal. También a pedido del imputado cuando en el proceso se impute un delito para el cual se encuentre prevista pena privativa de la libertad cuyo máximo supere los seis años. Si fuesen varios, la opción de cualquiera de ellos basta para la aplicación de esta ley a todos. Este derecho podrá ser ejercido hasta diez días después de realizado el acto indagatorio; y una vez ejercido la opción no es revocable.
Para ser jurado, se requiere que la persona posea entre los 21 y 70 años, enseñanza obligatoria completa, pleno ejercicio de los derechos políticos, haber sufragado en la ultima elección general para cargos provinciales, y antigüedad de registro en el padrón electoral provincial, mayor a 3 años.
Respecto a su conformación, el tribunal de jurados se integrará con cinco miembros titulares y tres suplentes y la función del jurado sería tomada como carga pública y ningún ciudadano puede negarse a desempeñarla salvo impedimento o causal de excusación. Los integrantes del jurado deberán mantener reserva de su opinión y la forma en que han votado.
A nivel nacional, el proyecto que propone la implementación del juicio por jurados se encuentra actualmente en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside el senador Jorge Yoma, uno de los principales impulsores de este mecanismo. De hecho, el proyecto enviado por el Ejecutivo en el mes de junio, es muy similar al que presentara el propio Yoma tiempo atrás. Sin embargo, no existen grandes similitudes con el proyecto impulsado ahora por los legisladores fueguinos. En la propuesta del Ejecutivo, por ejemplo, el sistema se utilizaría para "los delitos, imputados como dolosos, que hayan causado la muerte de una o más personas, y los que ellos concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 del Código Penal", además de los delitos "contra la administración pública".
En sus primeras declaraciones públicas el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, había dicho acerca del proyecto del juicio por jurados que “para implementarlo hay que hacer un análisis concreto del sistema presupuestario, cuánto va a costar y si estamos en el momento adecuado para hacerlo”. Sin embargo, en un reportaje publicado hoy por un matutino porteño, Rosatti afirmó que es el proyecto que más lo entusiasma. ”Me parece que una mirada de nueve o doce personas de distinta procedencia e ideología es siempre más equilibrada y enriquecedora”, dijo, aunque aclaró que “habría que aplicarlo de modo gradual”.