La causa comenzó en junio pasado, oportunidad en que Oliveira denunció, ante la jueza de instrucción Silvia Ramond al gobierno porteño por supuestas irregularidades en el pago de premios de un concurso de desarrollo social, organizado a través de una fundación privada, por un suma cercana a los 400 mil pesos.
En su presentación, Olivera denunció la existencia de una iniciativa para “tapar los agujeros provocados por la poco clara administración de los 400.000 dólares donados por la Fundación Kellogg privando a los vecinos pobres de la ciudad de parte o de todas las “Ayudas sociales a personas” que les destinó el Presupuesto de la Secretaría de Promoción Social”.
En los hechos denunciados, que se produjeron durante la gestión del actual presidente, Fernando De la Rúa, como jefe del gobierno porteño, aparecen mencionados la actual vicejefa de gobierno Cecilia Felgueras, y el ex secretario de Promoción Social, Rafael Kohanoff.
Las presuntas irregularidades fueron denunciadas por Ana María Dones, una de las ganadoras del concurso “Universidad Solidaria”, organizado por la Dirección General de Asistencia Comunitaria de la Secretaría de Promoción Social, que contó con el auspicio de la Fundación W. K. Kellogg, que habría aportado dinero para financiar los proyectos premiados, y de UNICEF bajo el nombre "Programa de Solidaridad y Voluntariado Uno por Otro".
Dones, titular de la organización no gubernamental FALDAD, recurrió a la Defensoría de la Ciudad tras las demoras en el pago del premio que había ganado.
La Fundación Kellogg notificó a la Defensoría que el proyecto "fue iniciado con el Gobierno de la Ciudad el 1 de agosto de 1997, cuando el ingeniero Rafael Kohanoff se desempeñaba al frente de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
“El monto total otorgado al Gobierno de la Ciudad fue de 400.000 dólares y fue distribuido en dos pagos”, señalaron desde la Fundación. El tiempo límite para pagar los premios era el 12 de diciembre de 1999. Sin embargo, el 31 de julio del 2000 la Fundación indicó, en un informe a la Defensoría que "hasta el día de la fecha y pese a nuestros reiterados reclamos para que presentaran los correspondientes informes finales (en los cuales deben detallar cómo y en que programas gastaron los fondos recibidos como así también la forma en que dieron cumplimiento a las actividades programadas), no hemos recibido información alguna en este sentido".