La presentación judicial, que recayó en el juzgado a cargo de María cristina Carrión de Lorenzo, tiene el objetivo de “evitar el daño que puede causar al usuario este aumento tarifario ilegítimo que alcanzará una cifra que resultaría exorbitante en cualquier lugar del mundo”, según señaló Oliveira.
Entre los irregularidades que denunció la Defensora figura la falta de una audiencia pública. “Se decide este cambio tarifario sin la participación de los usuarios, que deben participar antes de que se habiliten normas que afecten sus intereses económicos”, dijo Oliveira, que agregó que “esta modificación de las tarifas es resultado de un acuerdo privado entre las empresas, en una actitud que limita la competencia y mantiene como rehenes a los siete millones y medio de usuarios de celulares”.
La defensora porteña interpuso una demanda sumarísima contra la resolución 253 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que encabeza Henoch Aguiar, que ya suspendió una resolución similar ante otra acción de Oliveira ante la Justicia.
Según la Defensora del Pueblo la resolución que autoriza los aumentos afecta la garantía del artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto se ha prescindido de la participación de los usuarios omitiendo la preservación efectiva de sus intereses económicos y su libertad de elección. Por otro lado, sostiene que "limita, restringe, falsea o distorsiona la competencia mediante concertación (entre las empresas), constituyendo un abuso de la posición dominante de las empresas oligopólicas con perjuicio para el interés económico general" y que la decisión se tomó sin una evaluación de costos, que "torna a la resolución nula de nulidad absoluta".
Desde la Defensoría del Pueblo analizaron estimaciones del mercado de telefonía móvil, que dan cuenta de que el nuevo sistema significaría un aumento de entre el 5 y el 15 por ciento en las facturas de los usuarios.
En su presentación, Oliveira explica que la nueva tarifa se había concertado en un acuerdo entre las prestadoras de teléfonos celulares y Aguiar, por lo que ella misma promovió una acción similar, que provocó que la Secretaría de Comunicaciones suspendiera el sistema invocando "razones de falta o distorsión en la información de las empresas, que hizo que la acción promovida se tornara abstracta".
Para la defensora, "ahora la Secretaría de Comunicaciones pone en vigencia nuevamente el sistema mediante la Resolución en crisis que prácticamente mantiene el mismo esquema con un poco de cosmética (con la resolución anterior el precio era de 28 centavos), pero que no hace variar los vicios que contiene".