En ese sentido, criticaron en una carta abierta -que en texto adjunto se acompaña- que el proyecto le dará efecto suspensivo a las medidas cautelares ante una apelación por parte del Estado, lo que explicaron podría generar que ante una resolución judicial de primera instancia para que el Estado provincial provea de medicamentos a un paciente que los necesita en forma imperiosa, el Ejecutivo podría apelar y, mientras se resuelve este recurso, no verse obligado a cumplir con la entrega requerida.
En ese sentido, destacaron que las medidas cautelares "son el instrumento procesal dirigido a garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución" y aseguraron entonces que "el proyecto atenta casi groseramente contra esas garantías". Asimismo añadieron que "toda pretensión de cercenar su eficacia atenta contra ese derecho, y en definitiva contra la consolidación de una verdadera democracia".
Según expresaron el proyecto impulsado por Solá establece que la apelación debe ser directamente ante el Tribunal de Alzada en aquellos casos que "generen erogaciones que, por su significado, impidan o afecten gravemente el cumplimiento de prestaciones en las que se encuentre involucrado el interés general, comprometan el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Provincial o de las Municipalidades" o "provoquen perjuicio al Interés Público".
En esa línea, opinaron que el concepto de "interés público" al ser "tan amplio, suele quedar vacío de contenido, y aún disfrazar el interés del poder de turno en contra del público concretamente afectado".
También, denunciaron que el plan del gobernador pretende asignarle "carácter definitivo al fallo de Cámara sobre la medida, abriendo así la instancia del recurso extraordinario", cuando los más altos Tribunales del país, incluso el Federal, señalaron sistemáticamente que las decisiones cautelares no son sentencias definitivas idóneas para habilitar el remedio extraordinario.
El escrito de impugnación fue firmado por medio centenar de organizaciones y jueces, entre ellos los jueces de la Ciudad de Buenos Aires agrupados en Autoconvocados por el Derecho y la Justicia (ADEJU), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Poder Ciudadano, el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.
Todos los firmantes llamaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia para pedirles que "se aparten del camino que marca este proyecto de ley, lo desechen sin más, y contribuyan, de esa forma, a la construcción de una República al servicio de las personas, respetuosa de sus derechos y enemiga del abuso del poder".