“El Código ha tenido resistencia en todos los sectores”, reconoció González. De hecho, el código no es la única piedra en el camino que deberá sortear el procurador mendocino. En las últimas horas la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza le pidió al gobernador que vetara por “inconstitucional” la ley 7.281, aprobada el 22 de setiembre. Se trata de la ley que habilita al procurador a designar, según su criterio, a fiscales sustitutos.
En total se necesitan nueve fiscales para la puesta en marcha de la primera etapa del nuevo Código aunque, hasta ahora, hay sólo seis seleccionados. “Necesitamos tres fiscales más; por eso la ley que propusimos es una forma de solucionar problemas”, sostuvo el procurador.
La idea de incorporar nueve fiscales no es arbitraria: para cada departamento se designarán tres y ellos trabajarán en una unidad fiscal que funcionará en el edificio de Tribunales.
Mientras tanto, los ayudantes, que serán nombrados a fines de octubre, estarán en las comisarías. “Si hay una muerte, una violación o un hecho grave los fiscales estarán obligados a ir al lugar del hecho y disponer medidas desde ahí”, aclaró González. Se estima que el 50% de las causas que se denuncian en la Primera Circunscripción estarán en manos de los judiciales y que los policías atenderán el resto, que pertenece al ámbito correccional.
Otro problema grave que está pendiente es el edilicio. Según el procurador ya comenzaron las obras en algunas comisarías, así como también el equipamiento mobiliario e informático en las siete seccionales que funcionarán con policía judicial.
Por último, la Legislatura deberá aprobar en los próximos días algunos proyectos que terminan de darle un marco legal a este gran cambio en la policía y en la Justicia de Mendoza.