28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

La Masacre de Margarita Belén ante el Consejo

De prosperar un dictamen desestimatorio, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura podría dejar sin efecto el pedido de juicio político contra los camaristas federales del Chaco acusados de mal desempeño por su participación en la causa por la Masacre de Margarita Belén.

 
Según consta en el Orden del Día de la Comisión acusadora de jueces el tratamiento del expediente 223/03 caratulado “Centro de Estudios Legales y Sociales c/Dres. Fernández María, Rojas Diomedes e Inda Tomas” figura en el punto número 8 de los temas a tratar y se vislumbra que se podría dar un duro debate en torno al mismo.

El instructor de la causa, Luis Pereira Duarte, llevará a la sala de acuerdos un documento que propone el archivo de las actuaciones contra los camaristas chaqueños, ya que a su parecer los mismos no habrían cometido irregularidades cuando tramitaron ese expediente.

Las actuaciones comenzaron cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con apoyo de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) presentaron una denuncia en contra de los jueces Diómenes Rojas, Tomás A. Inda y María Beatriz Fernández, por haber dispuesto la libertad de un grupo de militares que estaban vinculados a la masacre perpetrada el 13 de diciembre de 1976 por una patrulla del Ejército en contra de 22 presos políticos, a quienes previamente se había arrancado de la cárcel de Resistencia y centros clandestinos de detención.

El 17 de junio de 2003 fueron detenidos diez militares –tres de ellos en actividad– imputados de doble homicidio agravado y desaparición forzada de personas en esos hechos, pero la Cámara Federal de Resistencia los dejó en libertad el 22 de julio de ese año, cuando hizo lugar a un pedido de hábeas corpus de unos de los imputados.

También, los camaristas declararon la incompetencia para entender en la causa al juez Carlos Skidelsky, lo que motivó un pedido de destitución del CELS por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”.

Hace unas semanas, en el marco de ese expediente los consejeros mantuvieron, una reunión con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en donde la Comisión se comprometió a trabajar el caso en profundidad.

Según fuentes consultadas, la propuesta de Pererira Duarte, podría generar un duro debate, pero al parecer es casi un hecho que el abogado se mantendría en esa posición, ya que tendría la convicción de que los magistrados denunciados no cometieron mal desempeño en sus funciones.

Una de las posibilidades es que el dictamen se postergue en su tratamiento para los próximos acuerdos, y tampoco se descarta que el mismo fuera rechazado aunque en esta caso, los voceros, destacaron que habrá que ver como se mueven los distintas fracciones de consejeros.

Aparte de Pereira Duarte, la comisión esta integrada por Marcela Rodríguez, Juan Jesús Miguens Leila Chaya, Jorge Yoma, Jorge Casanovas y Beinusz Szmukler.



dju / dju
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