Como un vaso con agua, la decisión del Máximo Tribunal puede verse desde distintos ángulos. Para los empleados judiciales que lidera Julio Piumato fue una victoria festejada; un resultado de la amenaza de parar a la Justicia, una posibilidad que efectivamente detenta el gremio. Para Piumato se logró un presupuesto que supera en 126 millones a la primaria propuesta del secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, quien sostuvo que había 561 millones disponibles. Además, se tranquilizó tras una reunión a primera hora de la mañana con el Administrador General de la Corte, Nicolás Reyes, que le garantizó que, por ahora, no se tocarán los salarios.
La Corte evitó así un conflicto inminente, o en todo caso lo aplazó. La decisión, que en principio sería tomada el pasado jueves, llegó hoy con una dura disidencia del ministro Adolfo Vázquez, que golpeó con sus críticas al Consejo de la Magistratura, por gastar el dinero en “reglamentos burocráticos” y no en los juzgados de menores y de familia. Desde ese momento, según advirtieron varias fuentes que conocen la dinámica de la Corte, el Administrador General, Nicolás Reyes, se dedicó a negociar con Economía una salida con bajos costos políticos para las partes.
Precisamente, para los funcionarios de la cartera que domina Domingo Cavallo, la Corte envió un presupuesto de 560 millones, igual a lo que se ofreció en el mes de junio. Pero además se reservan la posibilidad de enviar al Congreso una suma menor, de acuerdo a la evolución de la recaudación en consonancia con la ley que reglamentó el déficit cero. Como adelantó ayer Diariojudicial.com, son varios los ministros que ya aceptan que, aún aprobado el presupuesto en el Poder Legislativo, es intensa la probabilidad de que ante la caída de la recaudación se decida el recorte salarial, lo que provocará una avalancha de juicios contra el Estado.
Los adicionales que agregaron los ministros en la acordada de hoy están compuestos por 90 millones destinados a los gastos propios del Alto Tribunal, y otros 36 millones que se repartirán entre la puesta en marcha de nuevos tribunales (como el promocionado fuero Penal Tributario) y la creación de nuevos cargos.