La ley impone a los consejeros un tope de sueldo equivalente al de un legislador porteño, es decir, 6.443 pesos brutos, pero algunos consejeros llegan a percibir más de 10 mil pesos.
March resaltó en su presentación que en las sesiones de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad, llevada a cabo el pasado 26 de Octubre de 2004, la legisladora Vilma Ripoll manifestó que “había obtenido de la Auditoría General de la Ciudad dos ejemplos de Consejeros que cobraban $8996,78 y $ 13.540 respectivamente, mientras que los legisladores de la Ciudad percibían un ingreso bruto de $ 6400” y que, en la misma ocasión, el presidente del Consejo, Carlos Rosenfled, reconoció que percibía una compensación de $ 9300. Los consejeros habían concurrido a ese encuentro para justificar un pedido de aumento de presupuesto para el 2005 de 31 millones de pesos.
En la resolución el magistrado afirmó que de los datos que figuran en la página web del organismo (www.jusbaires.gov.ar) “surgiría la existencia de una diferencia que según los casos duplicaría lo legalmente establecido por las normas vigentes” y que “esta diferencia carecería de debido sustento normativo y constituiría “prima facie” una violación al orden jurídico vigente”.
“El cuadro que supra se ha descripto, quedaría agravado asimismo por el hecho de que la violación legal denunciada en autos, estaría siendo producida por quienes, junto al Tribunal Superior de Justicia, ejercen el mandato constitucional de integrar el Poder Judicial de la Ciudad (art. 107 CCABA), poder que, entre otras competencias tiene, paradójicamente la del sagrado objetivo de hacer cumplir la ley”, agregó.
De esta manera, Gallardo hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones y la misma quede firme, “los Consejeros de la Magistratura pertenecientes a la Legislatura y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, deberán percibir compensaciones netas mensuales que no excedan la previsión legal, que conforme lo informado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Legislatura, es al día de la fecha de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500)”.
Ahora, la jueza Patricia López Vergara deberá resolver la cuestión de fondo tras una licencia que finalizó en el día de hoy, y en la cual fue reemplazada por Gallardo. Los consejeros pueden apelar la medida ante la Cámara. El Consejo de la Magistratura no quiso emitir una opinión oficial respecto del amparo.
A esta medida judicial, se le suma la decisión inminente de varios legisladores de solicitar juicio político contra cinco de los nueve consejeros (exceptúan a los representantes de los jueces). En diálogo con este medio, el legislador macrista Helio Rebot admitió que “se está estudiando la posibilidad” y que la misma tendría “el apoyo de representantes de otros partidos”. “El Consejo administró mal los recursos. Está gastando un tercio del presupuesto del Poder Judicial solamente para administrarlo”, dijo Rebot. Si se decide instar el juicio político, sería la primera vez que la Legislatura encara una medida de ese tipo, en la que estrenaría sala acusadora y de enjuiciamiento.
En tanto, en un comunicado de prensa el Consejo ge la Magistratura se refirió al respecto señalando "la inexactitud de las informaciones difundidas sobre la gestión y ejecución presupuestaria de esta Institución. Cabe agregar que este Consejo ha instruido los pertinentes sumarios administrativos y ha formulado las denuncias ante la Justicia Criminal de la Nación, en todos los casos que así correspondía".