Esta causa se inició cuando el (CELS) con apoyo de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) presentaron una denuncia contra los jueces Diómenes Rojas, Tomás Inda y María Beatriz Fernández, por haber dispuesto la libertad de militares que estaban vinculados a la masacre perpetrada el 13 de diciembre de 1976 por una patrulla del Ejército contra 22 presos políticos, a quienes previamente se había sacado de la cárcel de Resistencia y de centros clandestinos de detención.
El 17 de junio de 2003 fueron detenidos diez militares -tres de ellos en actividad- imputados de doble homicidio agravado y desaparición forzada de personas en esos hechos, pero la Cámara Federal de Resistencia los dejó en libertad el 22 de julio de ese año, cuando hizo lugar a un pedido de hábeas corpus de uno de ellos.
También, los camaristas declararon la incompetencia para entender en la causa al juez Carlos Skidelsky, lo que motivó un pedido de destitución del CELS por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”.
Durante la sesión de la Acusación, la consejera Lilia Chaya pidió nuevas medidas de pruebas, las cuales fueron rechazadas en un primero momento por Pereira Duarte, quien afirmó que para él ya la instrucción estaba agotada.
En ese contexto el consejero abogado les propuso a sus pares que estaba dispuesto a desprenderse del expediente si otro par consideraba que todavía quedaban hechos por considerar, para tomar alguna decisión. "Yo no estoy dispuesto a seguir manteniendo este tema sin definición", apuntó el letrado, al tiempo que manifestó "creo que la instrucción esta agotada y no queda nada por probar".
Por su parte, los demás consejeros consideraron que se debía continuar investigando y Pereira Duarte a regañadientes aceptó seguir con el expediente en sus manos aunque aclarando que "para él estaba todo investigado".