A raíz de la investigación, se realizó un allanamiento en su domicilio en donde se encontraron otras 18 láminas de similares características, sin que se pueda hasta el momento, determinar a qué libros pertenecen. El juez Ballesteros dispuso el archivo de la causa en lo referente a esas 18 láminas al entender que no habrían salido de los libros consultados en la Biblioteca Nacional. En tanto, el Ministerio Público apeló esa decisión y por ese motivo llegaron las actuaciones a la Cámara Federal.
Según Moldes, la decisión del juez hubiera merecido previamente que se “profundice el estudio pericial” para que los expertos hubieran podido determinar “si lo secuestrado pertenece o no a los volúmenes señalados” ya que el informe realizado “no es categórico” y “está limitado a los de la Biblioteca Nacional, que no es el único ámbito en el que Videla fue advertido”. De esta manera, para el fiscal “el sobreseimiento parcial dispuesto no debe ser convalidado por prematuro y por desacertado”.
El fiscal general solicitó así que se revoque la resolución y que se realicen distintas medidas de prueba para determinar si las 18 láminas encontradas pertenecen a algunas de las piezas históricas cuyo daño se denunció tanto por la Biblioteca nacional como por el Museo Mitre.
Entre las medidas propuestas figuran la realización de un nuevo peritaje sobre todas las láminas, con la colaboración de un experto en bibliología; investigar cómo ingresaba Videla, sin ser investigador registrado, a esa clase del material de la Biblioteca Nacional; y que se de intervención a la Sección Centro Nacional de Protección de Patrimonio Cultural de la Policía Federal, dependiente de Interpol, para que agregue en sus registros de objetos culturales buscados internacionalmente aquellos ausentes de los libros de la Biblioteca Nacional y del Museo Mitre.
Moldes solicitó además que se incluya en los peritajes que pudieran ordenarse un estudio de las cortaduras, raspones o rayados realizados sobre los materiales para saber si existe “un patrón común o algún rasgo que se atribuya a la utilización de un mismo elemento para tal fin”.
En el escrito, el fiscal general destacó que “la protección del patrimonio cultural excede la idea de mantener por sí mismos edificios u objetos por sus características intrínsecas; se refiere, en cambio, a la preservación de aquellos contenidos que la memoria colectiva selecciona e identifica como valiosos y definitorios del perfil de una identidad”.