La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda por despido injustificado al considerar que los antecedentes disciplinarios disvaliosos fueron indiferentes porque la demandada no se ajustó a la buena fe que debe regir las relaciones laborales, pues apresuradamente se limitó a despedir directamente al trabajador, sin requerir siquiera previamente la justificación de las inasistencias, ni tampoco intimó al trabajador a retomar las tareas.
Los camaristas a su turno señalaron que el supuesto comportamiento disvalioso del trabajador evidenciado con anterioridad no justifica que la demandada directamente y sin solicitar explicaciones proceda al despido, confirmando en este punto la sentencia recurrida.
En cuanto a la declaración de invalidez del decreto 883/02, mediante la cual se prorrogó la doble indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561, los vocales afirmaron que mediante dicho decreto el Poder Ejecutivo, “haciendo uso de facultades que se le delegaban por ley”, extendió el plazo de vigencia de la referida suspensión, con el objeto de “proteger al trabajador contra el despido arbitrario con la intensidad que exigían las circunstancias de creciente desempleo y crisis socioeconómica”.
Para los magistrados “existió en el legislador una delegación de facultades, positiva y expresa”, en el sentido de proteger el nivel de empleo, por lo que “el decreto Nro. 883/02 es un reglamento de ejecución de un programa nacional de preservación del empleo”.
Argumentaron en su favor que la propia ley 25.561, en su artículo 1, además de declarar la emergencia social delegó en el Poder Ejecutivo Nacional y hasta el 10 de diciembre de 2003 las facultades comprendidas en la ley de que se trata, con la finalidad, entre otras, de "reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos".