Molina reconoció, días antes, que está analizando la posibilidad de retornar a la política, dentro de las filas del partido Justicialista. “Estoy algo saturado de estos años en la justicia, y además siento el fuerte llamado de mi vocación por la política”, comentó.
Consultado acerca del procedimiento que debería utilizarse para ocupar esa vacante, el titular del Consejo de Abogados de Resistencia fue muy claro. “Hay que respetar la Constitución, que exige concursos de antecedentes y oposición para integrar el Superior Tribunal”, dijo.
Clemente consideró además necesario que no prevalezcan los criterios políticos, sino los estrictamente jurídicos, en el nombramiento de jueces. “Esta forma de procedimiento – agregó – contribuirá al mejoramiento del servicio de una Justicia eficiente, independiente, e idónea, donde juzguen los más capaces”.
Sin embargo, otro miembro del Tribunal Superior de Chaco, Ramón Avalos, dijo que “éstos cargos no se concursan”. Además destacó que “El Consejo (de la Magistratura) ya se pronunció sobre este tema, diciendo que no correspondía el sistema de concursos para los cargos del Superior Tribunal”.
Avalos protagonizó una polémica similar cuando ingresó al Tribunal junto a Ricardo Franco. Ambos jueces fueron nombrados, en su momento, sin el sistema de concursos. Lo cierto es que después de la reforma de 1994, la Legislatura provincial dictó una ley reglamentaria sobre la designación de los magistrados, que no hace referencia alguna a los miembros del STJ.
Por otra parte, el representante de los abogados chaqueños reclamó una “reforma” en la composición del Consejo de la Magistratura local, organismo encargado de elegir a los jueces. “O los representantes políticos deben excluirse de la designación de los jueces o debe cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, para que el peso del poder político no sea determinante en la designación de un juez”.
Clemente se refirió también a la necesidad de que los jueces revaliden sus cargos con determinada frecuencia. “No hay justificativo para que un juez permanezca en su puesto de por vida”, manifestó. “Por eso –agregó– deben existir mecanismos para que los jueces revaliden sus cargos cada 5 o 6 años”.