Reflexiones de un matriculado
Con mucha pena he participado de la lectura del último número de la Revista del Colegio del que formo parte, la que lejos de augurar mejores años o buenas navidades, nos habla del dolor, de la impunidad, de cómo ésta se consagra, de cómo se disfraza tras los supuestos aciertos de algunos, ocultando sus temores sobre los supuestos desaciertos de otros.
La tapa del último número es mucho más neutra que su contenido, pues nos habla de un “fallo controvertido”. Y es absolutamente así.
Pero luego, no hay acuerdo sobre su contenido, porque lejos de hallarnos frente a un “fallo justo”, nos encontramos frente a un “no-fallo”. Este “no-fallo” es un análisis parcial de la instrucción del caso que favorece a una diversidad de interesados –algunos de los cuales accionan, otros defienden, algunos acceden a cargos de mayor responsabilidad y otros quedan en sus sillones desde donde han demonizado a todos en la creencia divina de ser poseedores de la única verdad- pero poca luz agrega a los hechos probados durante la instrucción, que ni siquiera fueron analizados ni valorados adecuadamente –es decir, con la imparcialidad que debe tener todo juzgador- al momento de sentenciar.
Digo esto porque nunca se analizaron los verdaderos hechos llevados a juicio, con tanto esfuerzo y dedicación durante años de ardua labor, sino sólo aquellos que a los miembros del tribunal les interesó presentar al público. El juicio oral, entonces, se armó como una sala de teatro en el que se montó una obra previamente acordada.
Allí estuvieron sentados nada más, ni nada menos, que los socios de una irregular activad probada: la corrupción policial y la impunidad con que ésta se maneja. Ellos son los que fueron absueltos por el vergonzoso fallo. Es que no resultó del agrado de esos jueces que esa “verdad” quedara expuesta, desnuda, mostrando todos sus pliegues. No hay que mostrar la corrupción pública ni la privada, y menos en un juicio oral en el que, como se sabía desde el inicio, no estaban sentados en el banquillo los autores materiales del terrible atentado, sino aquellos que por su deliberada inactividad permitieron que esto ocurriera, o por su afán de enriquecerse ni se preocuparon en las consecuencias de sus actos.
Esto lo sabían los jueces del Tribunal Oral, y muchas veces los jueces nos encontramos frente a esta clase de encrucijadas. Algunos eligen, entonces, el camino más fácil, el de la evasión, el de mantenerse ajenos. Otros optamos por el compromiso irrenunciable en la búsqueda de la verdad, sabiendo que ello exigirá una labor difícil y pesada y, muchas veces, poco o nada reconocida.
Como asociado y juez no he tratado de debatir en los medios de comunicación el por qué de mis actos u omisiones, pero esta vez es la Revista del Colegio al que pertenezco la que sirve de base para que personas que poco o nada conocen del tema, en comparación a lo que he vivido, formulen sus particulares opiniones. Es por ello que me atrevo a tratar de esbozar una respuesta humana frente a las múltiples afirmaciones publicadas, que me presentan como autor de un cúmulo de falencias, actos de mala fe e intereses mezquinos que me orientaban por sobre la verdad y el castigo de los “auténticos culpables”.
Lo que ninguno de los jueces que absolvieron a los imputados, ni los columnistas ha podido negar es que fueron los hechos probados debidamente -las evidencias que el Tribunal Oral deliberadamente se encargó de “no ver”- las que nos llevaron hasta las personas que estaban allí sentadas. ¿Eran los terroristas? Todos sabíamos que no, pero lo que ninguno ignoraba era que múltiples pruebas, precisas y concordantes, e indicios vehementes de culpabilidad, nos llevaban a ellos y a una multiplicidad de delitos circundantes que fueron deliberadamente omitidos por los sentenciantes, para que el sorprendido lector o azorado televidente tuviera “culpables” de su inacción.
Mis decisiones al procesar o sobreseer a los imputados fueron cuestionadas por una u otra parte, y todas fueron analizadas por las instancias superiores, confirmadas o revocadas por las Cámaras Federal y de Casación Penal y, en algunos casos, hasta por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Daniel Sabsay sostiene en el último número de la Revista, que la tarea del tribunal no fue fácil, y ello lo descuento. Tuvo que acomodar su actuación -y lamentablemente su fallo- conforme fueron cambiando los tiempos durante los cincos años que demandó la etapa de juicio, mientras mantuvo –increíble y arbitrariamente- a los ahora declarados inocentes en estado de detención. Ni le cuento al columnista ni al lector lo que fue la tarea de tratar de llegar a las verdades comprobadas a las que se arribó durante la instrucción, con los medios con los que se contaba y las limitadas posibilidades que nos brindó el Estado en cuanto a recursos técnicos, humanos y legislativos.
A pesar de todo ello, las irregularidades que se detectaron fueron puestas en conocimiento de los jueces competentes (se efectuaron más de setenta denuncias) y, a pesar de la falta de instrumentos legales para llevar a cabo una investigación de un atentado terrorista, se recurrió a la Constitución, los Tratados Internacionales, las leyes penales y procesales, y los decretos con los que se fue contando, para poder brindar a la sociedad una respuesta seria, respetándose todas las normas que se interpretaban y aplicaban, y hallándose las partes en condiciones de recurrir aquello que no les convencía.
El “reflexionista” en torno al “no fallo” dice en su artículo que los jueces se animaron a investigar la verdad y ello los enfrentó a la cruel realidad, lo que los obligó a actuar a contrapelo de las legítimas esperanzas de los familiares y las expectativas de la opinión pública.
Señor Sabsay, ello no era necesario. Como lo he dicho ante el Consejo de la Magistratura, tanto el Juez Pons como el Juez Larrambebere, supieron de las dificultades del caso desde el primer momento en que la causa se elevó a juicio, porque precisamente en tres extensas tardes les brindé detalles de todos y cada uno de los problemas del expediente. Existen testigos de dichas reuniones. No estaba, en aquel entonces el Dr. Gordo, quien fue a pedir “especialmente” formar parte del Tribunal y luego fue designado. Este magistrado tenía, como curioso antecedente, una sentencia en la que había calificado como “homicidio en riña” lo que se denominó la “Masacre de Villa Albertina”. Digo “curioso” porque la presunta “riña” se produjo entre cinco policías armados y cuatro personas que resultaron muertas -el supuesto buscado, una mujer embarazada, un niño y un lisiado en silla de ruedas que se encontraban dentro de una casa de chapa- y dos heridos (ver al respecto el libro “La Patota” del periodista Alejandro Córdoba y se entenderán muchas cosas). Uno de los allí “juzgados” se “hizo cargo” de los hombres de Ribelli tras su arresto.
Luego de conocer el trabajo realizado durante la instrucción a mi cargo, los jueces tenían dos caminos.....y optaron por aquel que les quedó mejor; pegarle a todos aquellos que procuramos llegar a la “verdadera verdad”, inventando una confabulación de jueces de todas las instancias, fiscales de todas las alturas, policías de distintas jurisdicciones, testigos que no se conocían entre sí, funcionarios de todas las áreas del poder ejecutivo, ministros y agentes secretos, senadores y diputados de las más diferentes procedencias políticas, que auditaron políticamente el caso, y casi setenta empleados –la mayoría de ellos abogados- que aún hoy no entienden por qué se tiró por la borda todo el esfuerzo puesto en la investigación.
Es evidente que el comentarista no conoce –ni siquiera mínimamente- los antecedente del caso....pues sólo así puede afirmar que los jueces dejaron las semillas para que continúen las investigaciones. Estimados matriculados, ¿queremos conocer realmente la verdad? Pues bien, no estábamos lejos de ella. La esperanza a que alude el comentarista es una mera cuestión de fe, pues si analizara profundamente lo resuelto por el Tribunal Oral se daría cuenta que todas las pistas, que tanto nos costó reunir, fueron fulminadas por un veredicto que constituye un blindaje para todos los imputados en todas las causas –fuera ésta u otras- en las que fueron procesados.
Me habré equivocado muchas veces en estos años, pero estoy convencido de haber llevado a juicio la verdad con los instrumentos legales que el Estado me brindó. No inventamos con mis colaboradores una “conexión local” porque no era necesario.....estaba allí presente y se pudo probar. Algunos no quisieron verla y otros, peor, sin saber nada, lo comentan.
Otros opinadores manifiestan su posición frente al tema y efectúan relatos parcializados. La supuesta “conexión iraní” fue y es una descripción periodística......la causa no contó eso (ver resoluciones del 3 de diciembre de 2003 y siguientes relativas al tema internacional) pues bien se sabe hoy que el terrorismo carece de nacionalidad específica.
Otro comentarista que escribe en la Revista, Gerardo Young, omite mencionar deliberadamente su otrora dependencia con el Juez Pons –fue empleado de su juzgado-, y comete severos errores en su “previsible” visión de los hechos que contrasta con otras. A diferencia de otros comentaristas, este periodista demuestra claramente lo que sostengo: el fallo no sorprendió a nadie porque el final estuvo meticulosamente preparado.
Se equivoca el Sr. Young cuando dice que he manifestado que el caso AMIA no podía ser investigado como un robo de autos, pues la comparación que hice fue con un robo de stéreo, pero da lo mismo. Y para mi es cierto que vivimos un verdadero “acto de guerra” contra la Argentina en el medio de la ciudad.
Miles de pistas fueron plantadas por interesados y, en esa selva, mis colaboradores y yo tratamos de desenmarañar un ovillo que tocaba a todos los que debían colaborar (la actividad de inteligencia y la seguridad de la policía). No me arrogué el derecho de nada, al contrario, jamás pensé que podían mis actos hacer mejor o peor nuestra sociedad, pero hay algo que el Sr. Young tiene la facilidad de decir porque él simplemente opina sin conocer, y no tuvo que firmar cincuenta mil veces el mismo expediente.
Como abogado y Juez he tratado de dar lo mejor de lo que aprendí y experimenté para tratar de llegar lo más cerca posible de la verdad, con los elementos que el Estado para ello me concedió, y el Sr. Young debiera saber que la ley –secreta o no para él, como debe haber tantas otras- autorizaba mi actuación, por más que ello no le guste.
Los nueve años que llevé el caso fueron para mí y mi familia, pesados, arduos y riesgosos. No los dediqué a forzar la realidad, pues no son los jueces quienes la transmiten al público. El periodista nos llenó de sorpresas durante años sin transparencia y con sus propias reglas, y hoy, el fracaso es de la Justicia. No es el único caso, pero sé de nuestro esfuerzo y de lo poco que ha sido reconocido.
Entiendo que tras la publicación de un número de la Revista en la que, lamentablemente, no se tuvo en cuenta mi opinión ni la de otros profesionales que conocen en profundidad el caso, es un acto de Justicia hacia el matriculado que estas reflexiones merezcan ser expuestas.
Por ello, por mi familia y mis compañeros de trabajo y, fundamentalmente, por el desconocimiento general que se tiene de todos aquellos abogados que han trabajado en mi equipo para tratar de que la sociedad argentina –les guste o no- conozcan la verdad a la que pudimos llegar, es que requiero al Sr. Presidente de este Colegio Público que haga pública esta carta a todos mis colegas.
Con distinguida consideración.
Juan José Galeano, Abogado y Juez Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a cargo del Juzgado Nº 9.