Las resoluciones le quitan la posibilidad de actuar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y determinan que cada acción judicial que quisiera interponer, así como cualquier requerimiento a alguna autoridad administrativa, deberá elevarla previamente a la consulta de Caniche.
El Asesor General ya le había prohibido a Moreno, además, relacionarse institucionalmente con cualquier autoridad del Gobierno de la Ciudad, en particular con el Consejo de los Derechos del Niño y con el Consejo de la Magistratura de la Justicia porteña.
"El principal beneficiario de esta medida es el ejecutivo porteño, ya que la resolución me saca la posibilidad de pedir informes al gobierno de la ciudad" dijo Moreno al conocer la resolución. En los últimos meses, el asesor tutelar de Menores llevó adelante investigaciones acerca de la presencia de PCB en las escuelas, del riesgo que corren muchos menores en un complejo habitacional de La Boca y de la situación de jóvenes internados en los neuropsiquiátricos Borda y Moyano. Sus actividades también lo llevaron a impulsar acciones relacionadas con la tragedia de Cromagnon.
Un grupo de ONGs cuestionaron severamente las resoluciones tras considerar que restringen las facultades del asesor tutelar. A través de un comunicado las organizaciones sociales manifestaron que " el Superior Tribunal desconoció que las resoluciones 71/03 y 72/03 afectan el acceso a la justicia de los niños, adolescentes y personas con discapacidad en la Ciudad, y la posibilidad de que sus derechos constitucionales sean defendidos ante los tribunales".
Las resoluciones del 2003 habían sido suspendidas por un juez de primera instancia y por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Sin embargo, mediante el voto mayoritario de los jueces Luis Francisco Lozano, Ana María Conde y José Osvaldo Casás, el Superior Tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por Cabiche, anulando todo el procedimiento iniciado por el asesor Moreno. A partir de ahora, Moreno evalúa realizar diferentes acciones legales, como recurrir a la Corte Suprema de Justicia o a organismos internacionales.
La misión del Asesor de Menores es recomendar medidas de protección cuando existe un menor en riesgo o víctima de determinada situación y representarlos en juicio, aunque éste tenga abogado patrocinante, invocando la prioritaria responsabilidad tutelar del Estado frente a la vida de los niños.