Además la medida oficial se ha encargado de cubrir las espaldas de los profesionales de la salud al establecer explícitamente que los médicos no deben temer consecuencias jurídicas en caso de que no encuentren evidencias físicas de que el embarazo interrumpido no fue resultado de violación.
No obstante, los médicos estarán obligados a “orientar” a las víctimas a realizar la denuncia policial o judicial. Sin embargo para el caso de que la mujer no quiera hacer la declaración policial, los médicos no “pueden negarle el aborto”. Además, ampara la posibilidad para aquellos médicos cuyas convicciones religiosas les impidan interrumpir embarazos, estableciendo que en estos casos el profesional puede plantear la “objeción de conciencia”.
Hasta este momento y desde 1998 en momentos en que ocupaba la presidencia Fernando Enrique Cardoso, la ley pese a permitir el aborto de los embarazos producto de una violación, exigía a la mujer la denuncia policial. La reciente medida ha escandalizado a los estamentos religiosos del país, quienes advierten que ahora “cualquier mujer podrá abortar en cualquier circunstancia, haya existido o no violación”.
En Brasil, el problema del aborto se ha convertido en un asunto público central, teniendo en cuenta que la interrupción del embarazo constituye la quinta mayor causa de muertes de parturientas. Según las estadísticas, el aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna en Brasil, país que ocupa el lugar 65 entre los países que tienen fallecimiento de mujeres embarazadas.